Cada día 52 personas son víctimas de una enfermedad profesional en España y, pese a ello, existe una 'infradeclaración' de este tipo de patologías, según denunció este miércoles UGT, que calificó de "especialmente grave" que en los últimos 10 años no se haya declarado ninguna enfermedad profesional mortal a pesar de que la Seguridad Social tiene constancia de que un gran número de muertes por cáncer tienen un origen laboral.

El sindicato ha elaborado un informe con datos propios sobre las enfermedades profesionales, en el que vuelve a denunciar que éstas se 'infradeclaran', especialmente si han ocasionado baja. Así, el número de enfermedades profesionales que causaron baja se ha reducido un 7% en el primer semestre del año.

Según UGT, ahora se declaran un 57% menos de enfermedades profesionales con baja que en 2006, año en el que se procedió a reformar el cuadro de enfermedades profesionales. También se declaran menos que en 2007, ejercicio en el que, según el sindicato, la Seguridad Social modificó la calificación de "miles de partes" considerados como enfermedad común por las mutuas de accidente de trabajo cuando en realidad eran enfermedades profesionales.

Frente al descenso de las enfermedades laborales que causan baja al trabajador, las que no conllevan baja se han incrementado mucho en los últimos años. En total, entre enero y junio de este año se han declarado 9.401 enfermedades laborales, de las que 5.055 han causado baja (-7%) y 4.336 no han precisado baja (un 15,2% más que en igual periodo de 2009). Con respecto a 2006, las enfermedades profesionales sin baja declaradas han aumentado un 114%.

Para mejorar el sistema de registro y declaración de enfermedades, el sindicato reclama reformas en el sistema de gestión de las mutuas de accidente para dotarlo de mayor transparencia y eficacia. Sin embargo, la organización denunció que, "lejos de atender esta reivindicación", el Gobierno ha diseñado una reforma laboral que camina "en la dirección contraria".

Así, UGT advierte de que la reforma laboral, que ahora se encuentra en el Senado, otorga a las mutuas una serie de competencias para acortar las bajas por incapacidad temporal y ahorrar costes a los empresarios, "en lugar de velar por la salud de los trabajadores, a quienes se pone bajo sospecha".