La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha presentado este miércoles una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos por la concesión realizada por la Consellería de Traballo a la empresa privada Indra Sistemas de los expedientes relativos a la Ley de Dependencia, lo que implica la cesión de datos "sensibles sin el consentimiento e los interesados".

Así lo ha asegurado la CIG en un comunicado en el que además ha apuntado que entre los "datos sensibles" que poseerá la empresa están informes de condiciones de salud, informes sociales de valoración de la dependencia y declaraciones de los guardadores y de los responsables patrimoniales.

Ante esto, el sindicato ha criticado que la política seguida por el Gobierno gallego en lo relativo a la gestión de los expedientes derivados de la Ley de Dependencia haya sido la de "asfixiar la tramitación ordinaria", "imposibilitando" la contratación de personal interino y "dejando que se evaporara" el servicio para luego "justificar la necesidad" de una gestión privada.

La CIG también ha mencionado que los trabajadores de la consellería no relacionados con la tramitación de esos expedientes se "ofrecieron" a colaborar en la tramitación y a "repartir entre ellos" el trabajo "siempre que se asegurara" que no se "privatizara la gestión".

Confidencialidad de la documentación

Por su parte, la Xunta ha respondido al sindicado negando "rotundamente" que se cedan datos a una empresa privada sin que se "cumpla rigurosamente" con la confidencialidad de la documentación y ha asegurado que las acusaciones vertidas por el sindicato "carecen de todo fundamento".

Así, el Ejecutivo autonómico ha explicado que toda empresa adjudicataria de un servicio por parte de la Administración está "obligada" a "garantizar la confidencialidad" de cualquier expediente, según los artículos 6 y 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

Finalmente, la Consellería de Traballo e Benestar ha apuntado que lo que sacó a concurso público es la "creación de una herramienta" para establecer el expediente digital en la dependencia y que "en ningún caso" es una empresa la que tramita y valora los expedientes de dependencia ya que estos trabajos los desarrollan los equipos de la Xunta.