El sindicato CSIF presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta por el que se aprobó el decreto ley de reordenación del sector público 5/2010 por el que se reordenan todas las empresas públicas de la Junta, y se mostró dispuesto a llegar al Tribunal Constitucional en este proceso "en defensa de los empleados públicos".

Fuentes de CSIF-A indicaron a Europa Press que presentaron dicho recurso el pasado viernes ante el TSJA por la vía especial de protección de derechos fundamentales, contra el acto administrativo que ha impulsado esa voluntad del Gobierno andaluz, como fue el acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta del 27 de julio, donde se aprobó el decreto ley, que salió publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 28 de julio y al día siguiente fue convalidado por la Diputación Permanente del Parlamento andaluz.

Ese recurso contra el acuerdo de Consejo de Gobierno apunta, según las fuentes, "visos internos de inconstitucionalidad en ese acuerdo que propicia e impulsa el decreto ley de reordenación del sector público" y agregaron que "incluso se vulneran varios artículos de la Constitución Española".

Entre los artículos de la CE que, a juicio de CSIF-A, se conculcan, se encuentran el artículo 37 "por falta de negociación en una norma que afecta a las condiciones de personal y que debería haber sido previamente negociando con las organizaciones sindicales", un aspecto que también "supone vulnerar el Estatuto Básico del Empleado Público".

Agregaron que también se vulnera el artículo 14, por el que "todos los ciudadanos somos iguales ante la ley" y el artículo 23 de la Constitución, que alude al "acceso a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad", algo que se vulnera "porque quieren meter y darle los mismos derechos que tienen los empleados públicos a los trabajadores de empresas públicas que no entraron en base a un proceso de selección con esos requisitos, y a la vez los empleados públicos pueden tener una pérdida de derechos adquiridos cuando pasen a una de las agencias que se quieren crear".

Fuentes de CSIF-A advirtieron de que si esta vía especial de protección de los derechos fundamentales no prosperara, ya tienen preparado el recurso por la vía ordinaria.

Agregaron que "una vez agotada la misma podremos interponer recurso de amparo ante el Constitucional": "Estamos dispuestos a llegar al TC"; agregaron las fuentes, que además acudirán al Defensor del Pueblo andaluz "que sí tendría potestad para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el TC, por lo que instaremos a ello".

Asimismo, pretenden hablar con diputados y senadores "para que presenten el recurso de inconstitucionalidad ante el TC si lo estima conveniente" y recordaron que incluso los propios tribunales de Justicia pueden plantear cuestión de inconstitucionalidad en este asunto.

CSIF destacó que ha actuado "rápido" en este sentido, a pesar de la "alevosía vacacional" que a su juicio supuso la aprobación del decreto ley. "Hemos estado atentos y funcionando, no hemos estado de vacaciones, sino viendo toda la batería posible de actuaciones, y llegaremos hasta el final en la defensa de los derechos de los empleados públicos", aseveraron las fuentes.