La Confederación Española de Policía (CEP) de Extremadura ha informado hoy de que en la Jefatura Superior de Extremadura los funcionarios policiales han reducido las actas en un 94% y las identificaciones y cacheos hasta un 75%.

No obstante, "las emergencias y llamadas de los ciudadanos se atienden con normalidad", ha subrayado el sindicato policial en un comunicado de prensa.

En la nota, la CEP ha recordado que invitó a finales de mayo a todos los policías de la región a trabajar "lo que estipulan estrictamente las disposiciones reglamentarias y nada más, uniéndose de esta manera al resto de la plantilla nacional en protesta por la bajada de sueldo", acordada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

"Un recorte que cada mes se traduce entre 90 y 150 euros menos en los salarios y entre 150 y 400 euros en la paga extraordinaria de diciembre, dependiendo de la escala a la que pertenezca el agente", ha indicado la CEP.

Ante "tal injusticia", la Confederación Española de Policía ha explicado "aparte del trabajo a reglamento", se ha sumado junto al CSIF en las concentraciones organizadas frente a las delegaciones y subdelegaciones de la región, al tiempo que ha apoyado y asistido a la huelga de funcionarios del dia 2 de junio y ha roto relaciones institucionales con Interior. "También hemos presentado ante el defensor del pueblo una queja formal para que interponga en nombre de los policías a los que representamos un recurso de inconstitucionalidad", indica el sindicato.

Excepto sospecha "muy clara"

En este contexto, explica la CEP, "toda acción policial a iniciativa de los funcionarios no se está realizando". "Hablamos de controles en busca de drogas para el autoconsumo, armas blancas u objetos ilícitos; ello conlleva la reducción muy sensible en el número de las actas e identificaciones que afecta a la estadística policial", puntualiza.

"Esta práctica —precisa, sin embargo, la confederación— sólo se quiebra si el policía tiene una sospecha muy clara de que se está cometiendo un delito o un acto que pueda estar alterando la seguridad ciudadana".

En cualquier caso, la CEP comunica a los ciudadanos que esta medida "no reducirá, en ningún caso, su seguridad ya que en la persecución del delito y emergencias se actúa con la misma celeridad".

"Sólo se verán afectadas las infracciones administrativas, relativas a la protección de la seguridad ciudadana y la estadística, que tantos réditos mediáticos proporcionan al Ejecutivo central y a la Delegación del Gobierno en Extremadura", aclara la confederación.