La supresión de las ayudas a la adquisición de Viviendas de Protección Oficial (VPO), anunciado el pasado 27 de julio por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, supondrá la pérdida de 5.000 puestos de trabajo, así como que se dejen de construir 2.000 viviendas en la Región de Murcia en el bienio 2011-2012, según ha destacado en rueda de prensa el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Apirm), Juan Hernández.

Para mostrar su rechazo a esta media del Gobierno central, Apirm ha impulsado un manifiesto que ha sido suscrito este jueves por representantes de los empresarios del sector de la construcción, los consumidores y los colegios profesionales relacionados con el sector de la edificación, encabezados por el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), Miguel del Toro.

En concreto, el resultado de este "decretazo" afectará, según las previsiones de Apirm, a más de 2.000 familias durante los próximos dos años, que van a limitar de forma efectiva su acceso a la vivienda. Además, por cada vivienda que se deja de construir "se pierden 2,5 puestos de trabajo, al margen de los puesto indirectos e inducidos, que pueden llegar a 10.000", según la estimación de Hernández.

De hecho, llevarse a cabo esta eliminación de las ayudas a la adquisición de VPO, supondría, según Hernández, "la pérdida de 47 millones de euros en ayudas en la Región de Murcia y la supresión del sector de la construcción para los próximos años". A su juicio, su ejecución haría que el Ministerio de Vivienda "tenga pocas razones para seguir existiendo", puesto que las competencias en la materia están "casi todas transferidas a las comunidades autónomas".

Por esta razón, los firmantes del manifiesto han pedido a todos los partidos políticos con representación parlamentaria en la Asamblea Regional "que se posicionen en contra de esta medida", y han enviado cartas individualizadas a los sindicatos para que "defiendan los puestos de trabajo del sector".

"Esperamos recibir en semanas una respuesta adecuada de cada uno de ellos, porque habrá nombres y apellidos si se generan los efectos de esta medida", según Hernández, quien auguró "más ruina y desempleo" si la medida se lleva a cabo.

Hernández ha explicado que la aplicación de esta medida "puede generar un repunte en las ventas de viviendas desde este momento hasta final de año, tal y como ha sucedido con el anuncio del aumento del IVA". No obstante, manifestó que no representa "una solución al problema", sino que se necesitan medidas "que aseguren la viabilidad del sector a medio plazo". MANIFIESTO

En concreto, el manifiesto fue promovido por el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Apirm), Juan Hernández, y fue suscrito por el presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción, Fulgencio Belando, por el decano-presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de la Región, Carmelo Carrasco.

Igualmente, firmaron el acuerdo el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Obras Públicas, Manuel Camacho, el decano-presidente del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, Juan Luis Pedreño, el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Juan Francisco García-Rostán y el gerente de la Asociación Comarcal de Empresarios de la Construcción del Bajo Guadalentín, Fernando Méndez.

Asimismo, suscribieron el acuerdo el presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Actividades Conexas de Cartagena y su Comarca, Miguel Martínez, el decano del Colegio de Ingenieros, Canales y Puertos, Antonio Sevilla, el representante de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca, Fabián González, y la Federación de consumidores Thaderconsumo.

Hernández explicó que los elementos "esenciales" en los que se va a concretar este "decretazo" anunciado por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, el pasado 27 de julio "todavía no se conocen" porque la Administración central "no ha tenido ni siquiera la deferencia de decir cómo se va a instrumentalizar, lo que está generando incertidumbre e inseguridad jurídica".

El presidente de Apirm, no obstante, ha señalado que la Asociación Nacional de Promotores ha convocado a un acto el próximo 6 de septiembre en Madrid, en el que se va a analizar la situación. El objetivo es que el Ministerio "rectifique, cuente con el sector y no suprima las ayudas completamente, al menos, porque supondría la supresión del sector de la construcción para los próximos años".

A pesar de no tener detalles de cómo se va a concretar esta medida, Hernández confió en que los proyectos que tienen ya firmados contratos financiados por las entidades financieras "se van a respetar, porque sino sería una vulneración del derecho y se penalizaría con carácter retroactivo a un comprador que ya se ha decantado por un contrato".

Del Toro, por su parte, ha criticado que, a pesar de la necesidad de reducir el déficit público, se trata de una medida "desafortunada y que, sin ningún género de dudas, va a agravar la situación del sector, en el que parece que había una cierta sensación de optimismo, así como de los cluster, las industrias y servicios afines relacionados con la construcción, además de dificultar el acceso a la vivienda por parte de la población".

Al hilo, Hernández ha manifestado que se trata de la medida "más injusta y hostil de todas las que ha adoptado el Gobierno en contra del sector de la construcción, de las muchas y muy graves de los últimos años, quebrando una constante histórica que se inició en 1956 de apoyo a la vivienda social, y lo hace desde la prepotencia y el dogmatismo que algunos representantes incurren por no contar con el apoyo ni los consejos del sector".

Por el contrario, defendió que el Gobierno de España "no conseguirá lo que busca con esta medida, que es "facilitar el alquiler como modelo de acceso a la vivienda, ni conseguirán que se produzca más VPO en los próximos años".

Del Toro leyó el manifiesto, en el que los firmantes manifestaron su oposición a las medidas propuestas por el Ministerio de Vivienda, por las que se suprimirán las ayudas a los adquirientes para la compra de vivienda protegida, así como los recortes presupuestarios.

Los firmantes apoyan este rechazo en base a que la ayuda estatal directa a la entrada constituye un apoyo financiero básico e imprescindible para el primer acceso a una vivienda, y el anunciado recorte mermará significativamente las posibilidades de acceso a la vivienda a gran parte de la población.

Nueva paralización del sector

En segundo lugar, los firmantes consideran que las medidas provocarán una nueva paralización del sector, por lo que tendrá un efecto "pernicioso sobre el empleo, ya que por cada vivienda que se construye se generan 2,5 puestos de trabajo, además del efecto multiplicador en generación de empleo que provoca en actividades y servicios accesorios.

En tercer lugar, el sector alega que las medidas también causarán un efecto negativo en cuanto a la recaudación fiscal, tan necesaria en la coyuntura actual.

Belando subrayó que la consecuencia de la supresión de estas ayudas es "la imposibilidad de cumplir el Plan Nacional de Vivienda, porque la financiación que tienen las viviendas es el 80 por ciento, y los jóvenes y los de menor renta no disponen del ahorro de ese 20 por ciento más el ocho por ciento de IVA y el dos por ciento que tienen que pagar de gastos de escritura".

Al tiempo que resaltó la "inseguridad jurídica" para las empresas que han apostado por construir VPO dentro del Plan Nacional 2009-2012, ya que "se pierde la garantía de los recursos del Plan".