La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha advertido de que la posibilidad esgrimida por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos de que cualquier médico que intervenga en el proceso del aborto, "ya sea de forma directa como indirecta", puede inscribirse en el registro de objetores creado por este colegio, "contradice" lo que marca la propia comisión deontológica de la Organización Médica Colegial (OMC). Precisamente este jueves se cumple un mes de la aplicación de la reforma de la Ley del Aborto.

En una entrevista concedida a Europa Press, Montero ha tachado de "campaña ideológica contra la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)", la postura emprendida desde el seno del Consejo Andaluz de Médicos con la reciente creación de un registro autonómico de galenos objetores contra el aborto, una decisión que dijo "no comprender" cuanto más "cuando la OMC se ha desmarcado de este asunto y ya ha pedido que no se traslade más confusión al asunto, a la par que también ha anunciado que no impulsará ningún tipo de registro para el conjunto de colegios de médicos del Estado".

Montero, quien ha resaltado que en la actualidad "sólo las comunidades de Madrid y Andalucía" tienen puesto en marcha registros del tipo, ha declarado que los mismos "no tienen ningún tipo de validez, ni formal ni jurídica ni testimonial", toda vez que ha recalcado que desde la entrada en vigor de la reforma de la Ley del Aborto, "en Andalucía no se ha cambiado nada acerca de cómo se venía aplicando el protocolo de IVE".

"Lo único que pasa ahora, con la aprobación de la reciente reforma de la ley, es que se contempla como supuesto nuevo el que la mujer, en la semanas que contempla la reforma de la ley, puede de forma voluntaria interrumpir su embarazo", ha reiterado Montero, quien ha insistido que el procedimiento, el circuito y el formulario "sigue siendo el mismo y para nada lo hemos cambiado".

Además, ha subrayado que "cuando la propia Comisión Deontológica del Consejo Andaluz de Médicos ha reconocido el derecho a la libertad de conciencia, el propio Consejo Andaluz de Médicos ha admitido que esta objeción la pueden alegar sólo aquellos profesionales que directamente participan en la IVE".

"Estos cambios de postura del colegio están contraviniendo incluso las recomendaciones de su propio comité deontológico; por eso sólo me puedo explicar que estos cambios respondan a que se quiera plantear una campaña ideológica en contra del aborto", ha enfatizado Montero, para quien la ley "es clara y taxativa en este punto".

No instrumentalizar al profesional

En su opinión, "no parece lícito utilizar a los profesionales para hacer del aborto una confrontación ideológica", extremo del que ya ha avisado "ahí no me van a encontrar".

Sea como fuere, ha recordado al Consejo Andaluz de Colegios Médicos que el Parlamento, "que es soberano, ha aprobado una ley en el que las comunidades autónomas tienen que velar por su cumplimiento, compartan o no el espíritu de la misma".

Preguntada sobre si entiende que la etapa de Sánchez Luque al frente del Consejo Andaluz de Médicos está siendo más agresiva en sus relaciones con la administración frente a la de su antecesor, González-Vilardell, la titular del ramo ha reconocido en su entrevista con Europa Press "no disponer de suficientes datos" para analizar esta cuestión, pero sí ha aprovechado para mostrar la "extrañeza" que le supuso "cuando también desde el seno del Consejo Andaluz emitieron un dictamen de su comisión deontológica en relación con el diagnóstico genético preimplantacional (DGP)".

"En aquella ocasión, cuando emitieron aquel dictamen contra el DGP, recordamos que lo que no se podía hacer éticamente hablando era trasladar el incumplimiento de la ley, como era aquel caso", ha rememorado Montero sobre una cuestión de la que "el mismo Consejo Andaluz de Colegios se desmarcó finalmente de la posición de su propio comité deontológico".

"Sí que parece que, de forma reiterativa y a propósito de estas cuestiones, hay una tendencia o tentación a convertir el Colegio en un lugar de posicionamiento ideológico, cuando en principio su función es la de atender y acoger a todos los profesionales de su ámbito corporativo, con independencia del marco ideológico", ha argumetado.

Al hilo de ello, ha aprovechado para advertir que este tipo de formas de actuar "hace que en ocasiones se identifique posiciones de las entidades colegiales con determinadas ideologías".

"La ley es clara y reconoce el derecho a la libertad de conciencia del profesional que participa directamente en el aborto, algo que dice la Ley, la OMC y el propio código deontológico del Consejo Andaluz de Médicos", ha zanjado Montero, quien en el caso de no participar directamente en el proceso del aborto la misma OMC ya ha dicho que "la objeción de conciencia no debe trasladarse a actuaciones previas indirectas, ya que sería una obstrucción a la legislación vigente".

Financiación del aborto

Respecto a la financiación del aborto, ha declarado que le ha "sorprendido" el que desde algunas comunidades "se haya elevado una preocupación de lo que implicaba la financiación de las IVE con la aplicación de esta ley".

"Ya he trasladado en distintos foros mi sorpresa cuando he visto que en muy pocas comunidades estaban aplicando la legislación en materia de aborto en aquel momento vigente, en el sentido de que mientras en Andalucía el 87 por ciento de los abortos están financiados con cargo al sistema sanitario público andaluz, parece ser que en el resto de comunidades sólo se están financiando de forma pública entre un 3 o un 5 por ciento de esos abortos".

Pese a este escaso porcentaje de financiación, prosiguió Montero, "los consejeros de esas comunidades están después solicitando financiación adicional para poder financiar los abortos, dando como cifra de abortos que se financian en todo el SNS ese 3 ó 5 por ciento".

Finalmente, Montero ha aludido a la "tendencia clara" a la estabilización en el número de abortos que se practican anualmente en Andalucía respecto al resto de comunidades. Así, ha detallado que mientras que el incremento de años como 2002, 2003, 2004 o 2005 alcanzaba respecto a su año anterior el 8,6, 12,4, 10,89 y 11,67 por ciento, respectivamente, el incremento en el número de abortos en el 2008 (último dato disponible) fue de tan sólo un 1 por ciento respecto al registrado en 2007.