Los controladores aéreos piden la aplicación del real decreto que regula las jornadas y los descansos porque representa "un marco al que agarrarse" frente a las condiciones de la Ley de tránsito aéreo en vigor, que consideran "mucho peores".

Según señala el portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Daniel Zamit, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, pese a que el decreto es "muy malo", actualmente representa "la panacea" para el colectivo.

Concretamente, esta nueva norma dicta un mínimo de entre cuatro y seis días libres al mes, mientras que bajo la ley vigente algunos controladores trabajan "hasta 28 ó 29 días mensuales".

Zamit asegura que con este decreto el ministro de Fomento, José Blanco, ha puesto en "un ridículo espantoso" al presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), Juan Ignacio Lema, al regular "sin encomendarse a nadie" materias que en ese momento se estaban negociando.

Asimismo, critica que ninguno de los dos últimos decretos aprobados hayan sido publicados aún, lo que considera "una provocación del Ministro" y "una intromisión exagerada" que "no consigue entender bien".

Por otro lado, el portavoz de USCA recalca que trabajar 28 días al mes "no es saludable para una profesión que acorta la vida", por lo que solicita la elaboración de estudios de seguridad operacional y salud laboral.

"conscientes" del daño que causará huelga

El portavoz de los controladores asegura "ser consciente" del daño que la huelga que realizarán en las próximas fechas puede producir al país, pero recuerda que "también lo es el Ministro". "¿Aquí quién provoca a quién y quién es el responsable?", cuestiona Zamit.

La duración de los paros, que por motivos legales no podrán iniciarse "antes del 17 ó el 18 de agosto", dependerá de "la actitud y voluntad de resolver el conflicto" que la junta directiva de USCA aprecie en sus interlocutores, AENA y el Ministerio de Fomento.

Para evitar que finalmente se produzcan, el sindicato exige el cumplimiento de doce reivindicaciones que considera "muy sencillas", como la desaparición de los servicios forzosos, las reducciones de jornada o la aplicación del decreto de jornadas y descansos.