El abogado José Luis Mazón ha ampliado la denuncia que presentó este lunes ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra uno de los titulares de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Julián Pérez Templado, con pruebas sobre la asistencia del presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y del consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, a la boda de la hija del juez.

En concreto, Mazón ha adjuntado la noticia publicado por un diario regional que recoge que, entre los invitados a la boda, se encontraba Valcárcel y Cerdá, a quienes el juez ha "exonerado de responsabilidades por vía de la inadmisión de una querella", según recoge la denuncia presentada por Mazón a la Comisión Disciplinaria del CGPJ, a la que ha tenido acceso Europa Press.

De esta forma, Mazón ha ampliado la denuncia que presentó ante el CGPJ contra Pérez Templado, ponente de un auto de archivo de querella contra Valcárcel por presunto delito de malversación de caudales públicos. La denuncia se basa en que el juez "ha ocultado al proceso su estrecha amistad con el matrimonio formado por la hermana de Valcárcel y el marido de ésta", según el abogado.

Y es que la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Murcia publicó el pasado viernes su orden de archivar las actuaciones en relación a la balsa Jenny (Cartagena) y no admitir a trámite la querella contra el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel; el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá; y el que fuera consejero de Economía Hacienda, Juan Bernal.

Mazón, en la denuncia remitida al CGPJ, explica que Cerdá es consejero de Agricultura "y uno de los denunciados y luego querellado en la denuncia y querella sobre la balsa Jenny", mientras que Valcárcel es "presidente del Consejo de Gobierno que aceptó la parcela contaminada de la balsa Jenny objeto de la denuncia y luego ampliado a querellado".

Mazón determina que Pérez Templado "invitó a la boda de su hija, donde él era el padrino, a dos personajes directamente concernidos por la querella", y explica que cuando la querella contra Valcárcel se amplió en junio "el juez no se abstuvo a pesar de que la invitación denotaba una relación especial con el querellado, pues nadie invita a la boda de su hija a cualquiera".

El abogado estimó que la relación de Valcárcel con la denuncia "era un acto 'evidentísimo', por lo que constituye no sólo un acto contrario a los deberes de todo juez, sino un incumplimiento ulterior del deber de abstención porque se colige de ello una previa amistad con el luego querellado seguida de una no abstención en las indeterminadas 1/2010 sobre la balsa Jenny".

Balsa jenny

Las diligencias fueron origen, según el auto que dictó la Sala compuesta por los tres magistrados titulares de la misma —Juan Martínez Moya, Julián Pérez Templado y Enrique Quiñonero—, de la querella que formuló el periodista José Juan Cano Vera y el propio Mazón al entender de la existencia de los presuntos delitos de malversación en modalidad de estafa, prevaricación y asociación ilícita.

La querella contra Valcárcel y sus dos consejeros tuvo su origen, según Mazón, en una "escandalosa disposición de fondos públicos de más de seis millones de euros a favor de una firma mercantil de potentados (Portmán Golf) que el fiscal jefe del TSJ la Región de Murcia, Manuel López Bernal, denunció ante la fiscalía anticorrupción".

En concreto, según el auto de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Murcia publicado el pasado viernes, la querella se contrae a la actuación de estos dos cargos del Gobierno murciano y de un ex alto cargo con respecto a la parcela conocida como la balsa Jenny, situada en el Llano del Beal (Cartagena) y destinada a residuos mineros que "presentaba el peligro de que las escorrentías por fuertes lluvias pudieran provocar daños a las personas, viviendas y medio ambiente".

Esta parcela, que contenía más de un millón de metros cúbicos de estériles, era propiedad de Portman Golf, sucesora de la empresa minera Peñarroya, quien al objeto de resolver el problema que presentaba, la Comunidad aceptó la cesión gratuita de las 8,75 hectáreas que ocupaban la balsa, ofrecida por la propietaria, para realizar actuaciones de repoblaciones forestales y mejoras de las reservas hidrológicas de la zona, valorada en aproximadamente 25.000 euros.

Así, señala el auto que la Consejería de Agricultura y Agua adjudicó a Tragsa las obras de limpieza por 5,4 millones de euros; empresa que contrató con Portman Golf la cesión de terrenos adyacentes para arrojar los residuos procedentes de la balsa Jenny sin que causaran perjuicio al medio ambiente.

Por esta razón, Tragsa abonó a Portmán Golf 2,7 millones de euros y un año más tarde, en 2005 el Ministerio de Medio Ambiente requirió a la Comunidad para que reclamara a Portman Golf los gastos de limpieza, puesto que desde 1995 existía un convenio entre ambas administraciones para financiar a partes iguales la descontaminación de suelos en Murcia; convenio que se habría aplicado también al caso de la balsa Jenny.

Finalmente, en 2006 se firmó el acuerdo final entre el Ministerio y el Ejecutivo murciano por el que se daba por liquidada la ejecución de la balsa Jenny.