El abogado José Luis Mazón ha solicitado a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una investigación "exahustiva" para que investigue a uno de los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Julián Pérez Templado, por ocultar presuntamente una "amistad íntima" con la hermana y el cuñado del presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, a quien ha "exonerado de responsabilidades por malversación y prevaricación por medio de la inadmisión de una querella".

En concreto, Mazón ha presentado este lunes una denuncia ante el CGPJ contra Pérez Templado, ponente de un auto de archivo de querella contra Valcárcel por presunto delito de malversación de caudales públicos. La denuncia se basa en que el juez "ha ocultado al proceso su estrecha amistad con el matrimonio formado por la hermana de Valcárcel y el marido de ésta", según el abogado.

Y es que la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Murcia publicó el pasado viernes su orden de archivar las actuaciones en relación a la balsa Jenny (Cartagena) y no admitir a trámite la querella contra el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel; el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá; y el que fuera consejero de Economía Hacienda, Juan Bernal.

Estas diligencias fueron origen, según el auto que dictó la Sala compuesta por los tres magistrados titulares de la misma —Juan Martínez Moya, Julián Pérez Templado y Enrique Quiñonero—, de la querella que formuló el periodista José Juan Cano Vera y el propio Mazón al entender de la existencia de los presuntos delitos de malversación en modalidad de estafa, prevaricación y asociación ilícita.

A juicio de Mazón, el magistrado Pérez Templado "ocultó al proceso que tenía compromisos de estrecha amistad que afectaban a su imparcialidad, ya que tenía una íntima amistad con el matrimonio formado por la hermana del querellado y su esposo, cuñado de Valcárcel". Este hecho, para Mazón, "impide obviamente al magistrado examinar la querella sin condicionamientos".

El abogado precisó que "no es posible hacer justicia si la decisión que tiene que tomar el juez trastoca o influye en su círculo de amistades personales cuando éstas tienen una relación directísima con una de las partes y, además y por añadidura, se refiere a un proceso que podía conllevar la decapitación política del concernido".

"Es evidente que el señor Pérez Templado, al tener amistad íntima con la hermana y el cuñado del querellado no podía decidir con apariencia de imparcialidad sobre la vida y la muerte, jurídicamente hablando, del cargo público que ocupa el cuñado y hermano de sus amigos", critica Mazón en la petición por escrito a la Comisión Disciplinaria del CGPJ.

En opinión del denunciante, de ser ciertas las informaciones de la amistad, el magistrado "puede no solo haber incurrido en una falta muy grave sino en una causa de posible acción penal, pues el juez Baltasar Garzón está imputado por el Tribunal Supremo desde el 28 de enero de 2010 precisamente por no abstenerse en una querella contra una persona que le había facilitado medios económicos para dirigir conferencias, supuesto que es de análoga identidad al de Pérez Templado".

"otro posible caso de la rua"

El denunciante, quien afirma que el CGPJ "debe de investigar y resolver la investigación a este respecto en el plazo de un mes establecido expresamente en el artículo 423.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)", considera que el caso sobre Pérez Templado "sigue los pasos del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa".

Y es que "en ambos supuestos se trata de relaciones afectivas de amistad o compromiso, creadas bien con el personaje en cuestión bien con personas directas de su familia inmediata". Y es que Mazón ya presentó una denuncia ante el CGPJ contra De la Rúa, por "no abstenerse en la decisión sobre el archivo de la causa en relación con el caso Gürtel contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps".

Este "posible caso De la Rúa-dos "no sería en Valencia, sino en la vecina Murcia, donde Camps sería Ramón Luis Valcárcel y De la Rúa el magistrado Julián Pérez Templado", censuró.

No hay comisión de delito

La querella contra Valcárcel y sus dos consejeros tuvo su origen, según Mazón, en una "escandalosa disposición de fondos públicos de más de seis millones de euros a favor de una firma mercantil de potentados (Portmán Golf) que el fiscal jefe del TSJ la Región de Murcia, Manuel López Bernal, denunció ante la fiscalía anticorrupción".

En concreto, según el auto de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Murcia publicado el pasado viernes, la querella se contrae a la actuación de estos dos cargos del Gobierno murciano y de un ex alto cargo con respecto a la parcela conocida como la balsa Jenny, situada en el Llano del Beal (Cartagena) y destinada a residuos mineros que "presentaba el peligro de que las escorrentías por fuertes lluvias pudieran provocar daños a las personas, viviendas y medio ambiente".

Esta parcela, que contenía más de un millón de metros cúbicos de estériles, era propiedad de Portman Golf, sucesora de la empresa minera Peñarroya, quien al objeto de resolver el problema que presentaba, la Comunidad aceptó la cesión gratuita de las 8,75 hectáreas que ocupaban la balsa, ofrecida por la propietaria, para realizar actuaciones de repoblaciones forestales y mejoras de las reservas hidrológicas de la zona, valorada en aproximadamente 25.000 euros.

Así, señala el auto que la Consejería de Agricultura y Agua adjudicó a Tragsa las obras de limpieza por 5,4 millones de euros; empresa que contrató con Portman Golf la cesión de terrenos adyacentes para arrojar los residuos procedentes de la balsa Jenny sin que causaran perjuicio al medio ambiente.

Por esta razón, Tragsa abonó a Portmán Golf 2,7 millones de euros y un año más tarde, en 2005 el Ministerio de Medio Ambiente requirió a la Comunidad para que reclamara a Portman Golf los gastos de limpieza, puesto que desde 1995 existía un convenio entre ambas administraciones para financiar a partes iguales la descontaminación de suelos en Murcia; convenio que se habría aplicado también al caso de la balsa Jenny.

Finalmente, en 2006 se firmó el acuerdo final entre el Ministerio y el Ejecutivo murciano por el que se daba por liquidada la ejecución de la balsa Jenny.

No hay comisión de delito

En esta línea, el escrito añade que en lo concerniente a la cesión gratuita de los terrenos de esta balsa, además de la inversión de fondos públicos, "no ha quedado suficientemente acreditado la comisión de delito".

Tras los hechos acontecidos estos años, La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, una vez que Anticorrupción le remite los antecedentes de la balsa Jenny, se pronuncia en un auto, con fecha de 27 de abril de 2010, acordando "no haber lugar al procedimiento de reintegro por alcance por resultar de las actuaciones de modo manifiesto e inequívoco la inexistencia en caso alguno de responsabilidad contable".

Concluye el escrito argumentando que "las fundadas actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal de Cuentas han concluido en la inexistencia no ya de delito, sino ni tan siquiera de responsabilidad contable", tras lo que añade que "no hay asomo alguno de malversación en la modalidad de estafa, ni prevaricación, ni una supuesta asociación para delinquir".

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