La Confederación Empresarial Vasca (Confebask) considera que el trámite parlamentario seguido por la reforma laboral, "lejos de mejorar el contenido del Real Decreto Ley, lo ha empeorado de forma sustancial, de modo que ni va a favorecer la competitividad empresarial, ni va a acabar con la dualidad del mercado de trabajo".

Según señala esta organización, tras el proceso de enmiendas, "no se ha producido avance alguno en materia de flexibilidad interna para las empresas respecto a las carencias que el Real Decreto Ley ya presentaba, manteniéndose, de este modo, prácticamente las mismas rigideces que estaban vigentes desde la reforma de 1994".

Para Confebask, "la flexibilidad interna constituye un elemento sustancial para favorecer la adaptabilidad empresarial a la variabilidad de las circunstancias económicas a través medidas no traumáticas" y su mejora "uno de los grandes objetivos que la reforma debía haber pretendido".

Confebask critica igualmente que "se hayan mantenido las mismas rigideces en materia de rescisión de contratos, no tanto por la regulación que se hace de las causas de despido, como porque se siga remitiendo a la autoridad judicial o administrativa el juicio sobre la viabilidad de la empresa, cuestión ésta que no corresponde a su preparación técnica y que, precisamente, explica gran parte del fracaso histórico cosechado por la regulación del despido objetivo".

Igual "falta de avances" observa también Confebask en lo referido al control del absentismo, "dado que apenas se produce un pequeño retoque en la legislación vigente, lo que pone de manifiesto la poca voluntad de atajar un problema de primera magnitud para las empresas".

Elementos "positivos"

Por otro lado, Confebask ha indicado que los elementos "positivos" que pueda tener la reforma "como, por ejemplo, el que se evite sindicalizar artificialmente las Pymes o la generalización del contrato de fomento de empleo no contrarrestan las rigideces introducidas en el trámite parlamentario".

No obstante, esta organización confía en que el trámite en el Senado "ayude a revertir la situación creada y permita una regulación que dé respuesta a las necesidades del mercado de trabajo, evite sus disfunciones y contribuya a la mejora de la competitividad empresarial y, por tanto, a la creación de empleo".