El anteproyecto de la Ley de acceso a la vivienda, que ha aprobado el Consell de Govern, estipula que el hecho de no utilizar una vivienda de protección oficial como domicilio habitual se considerará como una infracción muy grave y será sancionado con una multa de 60.000 euros.

Éste es uno de los puntos que contiene el proyecto de ley que ha presentado el conseller de Vivienda y Obras Públicas, Jaume Carbonero, en la rueda de prensa celebrada tras el Consell de Govern en compañía de la portavoz del Govern, Joana Barceló.

Carbonero ha precisado que Baleares es la única comunidad que todavía no cuenta con una normativa de esta índole y ha indicado que tiene por finalidad garantizar la efectividad de las políticas públicas de intervención en el mercado de la vivienda.

El texto establece un régimen sancionador que tipifica las infracciones -que se dividen en leves, graves y muy graves- y las sanciones correspondientes, que serán de hasta 3.000 euros en el caso de las leves; de entre 3.000 y 15.000 euros para las graves; y de entre 15.000 y 60.000 euros para las muy graves.

Carbonero ha puesto como ejemplo de una infracción grave utilizar como residencia habitual más de una vivienda protegida al mismo tiempo o incumplir los requisitos exigidos parta venderlas.

por otra parte, el conseller ha explicado que la Ley define conceptos básicos como lo que se entiende por una vivienda desocupada, sobreocupada, así como por una infravivienda.

Además, estipula la cédula de habitabilidad que acredita que una vivienda cumple con las condiciones necesarias para ser habitada. También establece que los propietarios de cualquier edificio de viviendas de más de 50 años tendrán que encargar a un técnico facultativo una inspección para determinar el estado de conservación del inmueble y que deberá repetirse cada diez años como mínimo.

La normativa también regula el libro del edificio, que será un documento que dispondrá de toda la información sobre las características físicas, técnicas y jurídicas del inmueble.

El anteproyecto dedica un amplio apartado a la regulación de las viviendas de protección oficial. En esta línea, simplifica el sistema de adjudicación y crea un registro público de demandantes de titularidad pública, gratuita y de naturaleza administrativa al que se tendrán que inscribir todas las personas que quieran acceder a uno de los inmuebles protegidos.

En este sentido, señala que la Conselleria tendrá que fijar la cantidad de los precios de venta y renta de las VPO. Además, marca la obligatoriedad de que el valor de los terrenos para viviendas protegidas, sumado al total del presupuesto de las obras de urbanización, no podrá exceder del 20 por ciento del precio de venta.

También en este apartado, establece que la calificación y el periodo de protección de la vivienda es de 30 años a partir de la fecha de calificación definitiva para las viviendas de promoción privada, y de carácter permanente para las públicas o para aquellos construidos sobre suelos con reserva obligatoria para vivienda protegida.

La Ley también fija los derechos que tendrá la Administración sobre la vivienda protegida, como son el de tanteo y retracto, desahucio y expropiación forzosa. Así, se podrá proceder al desahucio por impago, por no utilizar la vivienda como el domicilio habitual y permanente y por subarrendarlo o cederlo. Podrá ser expropiado por mantenerlo desocupado sin causa justa o por incurrir en falsedad para la adjudicación, por ejemplo.

Otro aspecto importante del texto es que prevé la creación de un registro de fianzas de contratos de arrendamiento en el que se depositarán todas las fianzas.

El conseller ha señalado que esta normativa, que será elevada al Parlament, pretende promover y fomentar el acceso digo de los ciudadanos a la vivienda, así como conseguir un parque de viviendas suficientes, garantizar la seguridad, la habitabilidad y la calidad de las viviendas.