Cort aprueba por unanimidad la ordenanza que prohíbe el 'botellón' cuando éste altere la convivencia ciudadana

El Ayuntamiento prevé ratificar definitivamente la norma en otoño, una vez finalizado el periodo de exposición pública y de alegaciones

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado por unanimidad y de manera inicial la Ordenanza reguladora del fomento del civismo y la convivencia ciudadana en los espacios públicos, más conocida como la ordenanza del 'botellón', que prohíbe este fenómeno y cualquier otro tipo de concentración en la vía pública siempre que alteren el orden y la convivencia ciudadana, así como la ingesta de alcohol en la calle por parte de menores de edad.

En una sesión extraordinaria y urgente convocada a tal efecto, todos los grupos municipales de Cort han dado apoyo a la ratificación de esta normativa, que, a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), será sometida a un periodo de información pública de 45 días en el que se podrán presentar las alegaciones que se consideren oportunas. Posteriormente, se creará una comisión que decidirá la incorporación o no de estas enmiendas al texto, para dar paso después a su aprobación definitiva en un pleno municipal que previsiblemente tendrá lugar antes de que acabe el año.

El teniente de alcaldesa y concejal de Movilidad del Consistorio palmesano, José Hila, ha recordado durante una de sus intervenciones que la norma impide las reuniones masivas en la calle en el caso de que éstas supongan un deterioro de la tranquilidad vecinal o la salubridad del entorno, así como cuando se produzcan situaciones "denigrantes" para los peatones o se dificulte la utilización del espacio público y la circulación.

Asimismo, la nueva Ordenanza proscribe con carácter preventivo la formación de concentraciones que puedan facilitar la repetición de estos supuestos en zonas en las que se declare una 'situación de intervención especial', como podría ser el caso del Paseo Marítimo de Palma, entre las 22.00 y las 8.00 horas. En este sentido, también se protegerán con mayor intensidad los enclaves próximos a equipamientos sociosanitarios, hospitales y centros escolares, así como los que se caractericen por una especial relevancia turística, patrimonial o medioambiental.

Por otra parte, la normativa prohíbe la distribución de bebidas alcohólicas entre las 24.00 y las 8.00 horas en los establecimientos comerciales, en las máquinas expendedoras y a través de la venta ambulante, así como arrojar al suelo los recipientes de las bebidas (independientemente del material del que estén fabricados), que a partir de ahora tendrán la consideración de residuo.

En relación a las sanciones, Hila ha explicado que las multas oscilarán entre los 750 y los 3.000 euros, dependiendo de su grado de gravedad, si bien estos correctivos podrán ser permutados por trabajos en beneficio de la comunidad. Asimismo, el texto atribuye la responsabilidad civil subsidiaria de las infracciones cometidas por los menores a sus padres o tutores legales, especialmente cuando exista dolo, culpa o negligencia por parte del inobservante.

En una disposición adicional, la Ordenanza propone también la creación de una comisión de seguimiento de su aplicación y cumplimiento, que contará con la representación de todas las áreas de gobierno implicadas, todos los grupos municipales, las asociaciones de vecinos, entidades juveniles, asociaciones empresariales y sindicales y el sector turístico y comercial.

Consenso político

El teniente de alcaldesa y también portavoz del grupo municipal socialista ha querido "agradecer una vez más" la voluntad de consenso manifestada, en su opinión, por las diferentes formaciones que integran el Consistorio, así como la implicación de los diferentes colectivos afectados por los problemas derivados del 'botellón'. Asimismo, ha destacado que el texto aprobado inicialmente es "ambicioso", ya que "no únicamente permitirá controlar el 'botellón'", sino que también regulará las conductas "que tienen que ver con los excesos en la utilización del espacio público como lugar de encuentro".

En esta misma línea, el concejal de Bienestar Social, Trabajo, Participación y Cultura y portavoz del grupo municipal del Bloc per Palma, Eberhard Grosske, ha asegurado que la nueva norma aporta "cosas positivas" para la capital balear, en la medida en que "incrementa la capacidad de intervención" del Ayuntamiento "para defender los derechos de los vecinos". No obstante, ha remarcado que la convivencia en las ciudades "es una asignatura muy difícil de aprobar", si bien ha considerado que la Ordenanza supone "un paso de gigante" para su garantía.

Por su parte, el portavoz de los 'populares' en Cort, Julio Martínez, ha destacado también que la norma haya sido ratificada con el apoyo de todos los grupos, y ha aseverado que la situación a la que se había llegado en relación al consumo de alcohol en la vía pública era "insostenible", ya que, en su opinión, "se había superado el límite de lo tolerable" en algunos espacios de la localidad.

Tal y como han hecho también los demás concejales en sus respectivas intervenciones, el portavoz del grupo de Unió Mallorquina (UM), Llorenç Palmer, ha felicitado a la concejala de Igualdad y Derechos Cívicos del Consistorio, Cristina Ferrer, y ha pedido al equipo de gobierno que a partir de ahora actúe "como si la Ordenanza ya estuviera en vigor". En todo caso, ha señalado que se trata de un texto que "podrá evolucionar con el tiempo", y ha dado la "enhorabuena" a todas las formaciones políticas por el acuerdo alcanzado, así como a los empresarios, a los vecinos y a los turistas.

En otro orden de cosas, el pleno ha dado luz verde también a una modificación de crédito para transferir los más de 278.000 euros de remanente obtenidos durante el pasado ejercicio por la Fundació Pública Llegat Weyler al Patronato Municipal de Realojamiento y Reinserción Social y a la concejalía de Bienestar Social, con el fin de que ambas instituciones puedan llevar a cabo diversas actuaciones. Asimismo, sl inicio de la sesión se han aprobado dos declaraciones institucionales: una dirigida a reconocer la labor de Amnistía Internacional en materia de derechos humanos y otra ratificada para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento de los dos guardias civiles asesinados por ETA en el atentado de Palmanova.

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