La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, ha mostrado su satisfacción por la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de mantener la suspensión de los preceptos del decreto-ley aprobado por el Consell que autorizaban la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar para dejar sin efecto la orden emitida por el Ministerio de Cultura que obliga a suspender las demoliciones previstas en el plan al considerar que la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez supondría la expoliación del patrimonio

"Siempre estamos en la línea del respeto al Estado de Derecho y de respeto a sus decisiones", ha afirmado Alborch, que ha subrayado, además, que el auto del Tribunal Constitucional "coincide con nuestra lucha por la rehabilitación, la revitalización y la no destrucción del Cabanyal como centro histórico y espacio emblemático, por el que además han luchado y siguen luchando buena parte de los vecinos del barrio y de la ciudad". "Nos alegramos de la decisión", ha aseverado la representante socialista.

Según Alborch, los argumentos esgrimidos por el tribunal para mantener la suspensión cautelar del decreto coinciden con los sostenidos por los socialistas valencianos y el Gobierno de España.

La portavoz socialista ha considerado que la aprobación del decreto-ley constituyó "un despropósito" al tratarse de "una maniobra que vulneró tanto el espíritu como el contenido de la legislación estatal y autonómica sobre patrimonio histórico, que prolongó el sufrimiento de los vecinos y que evidenció que Francisco Camps y Rita Barberá prefieren enfrentarse al Gobierno de España a rehabilitar esta zona histórica de nuestra ciudad".

En cambio, con la orden ministerial, el Gobierno "actuó en el marco de sus competencias, en interés de los valencianos y valencianas, en defensa de su patrimonio y de su identidad, en cumplimiento de sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Supremo, y tras tomar en consideración los informes de expertos e instituciones", ha defendido.

"Con la interposición del recurso ante el Constitucional, el Gobierno de España volvió a demostrar su voluntad de proteger y defender el barrio del Cabanyal y el patrimonio de los valencianos", ha concluido la portavoz, quien ha recordado que Barberá "ha favorecido la degradación, de forma activa y pasiva, pese a ser patrimonio de toda la ciudad y de toda la Comunitat", y que la orden ministerial "impide la destrucción, pero no la rehabilitación".