El Defensor del Pueblo investigará la detención del profesor por el caso de Villanueva de la Concepción

El Defensor del Pueblo ha iniciado un expediente de oficio ante la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil para investigar la detención de un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga presuntamente relacionado con el caso de corrupción urbanística de Villanueva de la Concepción.

El Defensor del Pueblo ha iniciado un expediente de oficio ante la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil para investigar la detención de un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga presuntamente relacionado con el caso de corrupción urbanística de Villanueva de la Concepción.

Según indica la institución que preside Maria Luisa Cava de Llano, pese a que la decana ordenó el cierre de la facultad para evitar que el detenido fuera fotografiado y solicitó a los mandos policiales que la detención tuviera lugar en los aparcamientos por ser un espacio más discreto, los agentes practicaron la detención en la puerta principal del edificio, con el detenido esposado y en presencia de todos los medios de comunicación, alumnado y personal universitario.

La defensora considera que, con independencia de cual sea la futura suerte procesal del ahora detenido y de que finalmente resulte condenado o absuelto, lo que de momento ya ha tenido lugar ha sido una "irreparable pérdida de su reputación, por el modo en que ha sido practicada la detención, sin que todavía un juez independiente de las autoridades gubernativas y políticas haya establecido su culpabilidad, tras un juicio justo, más allá de lo razonable".

Como ya ha manifestado Cava de Llano en anteriores ocasiones, "el Estado de Derecho exige rigor y exige respeto a uno de sus contenidos esenciales: el derecho fundamental a la presunción de inocencia, uno de los más señeros logros de la civilización".

Además, la institución recuerda, en el escrito remitido a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, que el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que "la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio".

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