La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria ha absuelto a los cuatro directivos y al empleado de Grupo FCC de los delitos societarios y de estafa por los que se les acusaba en la gestión de la empresa municipal de aguas de Torrelavega, Aguator, en una sentencia que, no obstante, considera probadas varias de las irregularidades que se les imputaban, como la manipulación de los caudalímetros o la destrucción y falsificación de los partes de trabajo.

Los cinco se enfrentaban a peticiones de pena de 16 años de prisión por delitos societarios y de estafa por parte del Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Torrelavega.

Y los cinco acusados, representados por los letrados Guillermo Nalda, Pablo Villaseca, Gutiérrez Garzón, Joaquín Burkhalter y Jordania de Pozas, han resultado absueltos, tal y como refleja la sentencia de la Audiencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

El fallo, del que es ponente el magistrado Ernesto Sagüillo, da como probadas las irregularidades, pero no considera que puedan considerarse delitos, al compensarse los perjuicios económicos o no poder probarse la intención fraudulenta en la gestión.

Aguator es la empresa que se encarga del servicio de agua en la ciudad de Torrelavega. Es de carácter mixto, con presencia del Ayuntamiento, al 49%, pero el socio mayoritario es Sogesur, sociedad que pasó a manos del Grupo FCC, y que hoy en día constituye Aqualia, la empresa que presta el servicio, por concesión, en el Ayuntamiento de Santander.

En el juicio, celebrado en mayo, la Sección Primera de la Audiencia debía decidir si los acusados, cuatro directivos y un empleado del socio privado o directamente del Grupo FCC, fueron responsables de irregularidades como la manipulación de los partes de trabajo y los contadores de agua, junto a la negativa de la empresa privada a entregar documentación sobre Aguator a sus socios, el Ayuntamiento de Torrelavega.

El fallo incluye entre los hechos probados la negativa del socio privado a facilitar documentación al socio público, el Ayuntamiento de Torrelavega, pero no ve que sea delito ya que la obstaculización a la labor inspectora pública de entidades mercantiles la interpreta como más propia de mercados financieros.

También se considera probado que la medición de los caudalímetros —que el gerente había ordenado cerrar con un candado cuyas llaves sólo tenía él— reflejaba menor cantidad de la que realmente había.

En este sentido, se precisa que se constata la manipulación física de los medidores, pero no se ha podido probar que fuera con intenciones fraudulentas.

"inflar por encima"

Igualmente se da por probada la existencia de "prácticas" para "inflar por encima" los metros cúbicos de los contadores, pero se matiza que no alteró a las cantidades económicas que en compensación recibía el socio privado, que admitió estas irregularidades por lo que pudieron corregirse. En consecuencia, como no hubo perjuicio económico, no hay delito.

Y aunque se admite la existencia de órdenes para destruir y falsificar los partes de trabajo, no se considera que suponga falsedad de documento mercantil —lo que sería delito— porque este tipo de documentos no encajan en esa definición al ser de uso interno.

Tampoco se ve delito en la subcontratación de distintos trabajos a Tedesa, una empresa que pertenecía a FCC, del mismo grupo que el socio privado, Sogesur. Aunque supusiera un incumplimiento de las condiciones pactadas, no se cree que sea estafa o societario.