La asociación ecologista Arca ha denunciado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo los cambios legales promovidos por el Gobierno y el Parlamento de Cantabria para impedir la ejecución de las sentencias firmes de derribo.

Para Arca, se trata de un "ataque frontal" al Estado de Derecho y una violación del principio de tutela judicial efectiva que consagra la Constitución Española, por lo que ha pedido al Parlamento y a la Comisión Europea que "exijan a las autoridades de Cantabria el acatamiento de las sentencias dictadas por los tribunales".

Además, Arca considera que la ley contra los derribos demuestra que el Gobierno y el Parlamento de Cantabria "solo se unen como una piña cuando tienen que defender sus propios intereses políticos, revelando un enorme grado de irresponsabilidad frente a las consecuencias futuras de sus decisiones".

En un comunicado, añade que "ha quedado claro que ni el Gobierno y ni el Parlamento de Cantabria desean que la legalidad y la decencia política se impongan en el urbanismo regional, sino que pretenden seguir fomentando la especulación urbanística por encima de lo que digan los jueces, o de la voluntad de los cántabros".

Por último, ARCA agradece el reciente apoyo de Greenpeace en su exigencia de que se ejecuten todas las sentencias de derribo y vuelve a pedir a los políticos que "se pongan del lado de los ciudadanos, legislando a favor de la restauración del paisaje costero y promoviendo la protección de los propietarios de viviendas afectadas con políticas de compensación urbanística y con indemnizaciones económicas que compensen los daños materiales y morales sufridos".

Arca recuerda que la tutela judicial efectiva, derecho reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución Española, comprende la libertad de acceso a la justicia, el derecho a obtener una sentencia motivada y que esa sentencia se cumpla.