El Consejo Económico y Social (CES) vasco ha emitido un dictamen favorable sobre el Anteproyecto de Ley de la Autoridad Vasca de la Competencia, elaborado por el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. A su juicio, ello "supone crear una estructura organizativa unitaria, dotada de un marco institucional sólido para desarrollar las funciones de promoción y defensa de la competencia".

Entre las recomendaciones que realiza, considera "conveniente" que incluya una referencia a la necesidad de los servicios públicos en un Estado de Bienestar para que no se interprete como "un órgano de presión " para liberalizar estos servicios.

En un comunicado, el CES ha señalado que el anteproyecto responde a "la necesidad" de implantar en Euskadi una estructura organizativa en materia de competencia "en línea con el modelo más extendido internacionalmente", y ha destacado que este modelo ya ha sido adoptado por el Estado y por otras comunidades autónomas que tienen capacidad en esta materia.

En este sentido, ha recordado que el Anteproyecto de Ley contempla la creación de un órgano único: la Autoridad Vasca de la Competencia, a quien corresponderá ejercer, con independencia, todas las funciones relacionadas con la materia. Esta institución deberá promover, garantizar y mejorar las condiciones de libre competencia y transparencia en el mercado.

Además, una vez que entre en vigor la Ley, quedarán extinguidos el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia y el Servicio Vasco de Defensa de la Competencia. Sus competencias pasarán a ser realizadas por el Consejo Vasco de la Competencia y por la Dirección de Investigación, organismos ambos dependientes de la nueva Autoridad Vasca de la Competencia.

El Consejo Económico y Social ha valorado "positivamente" la iniciativa gubernamental, porque "supone crear una estructura organizativa unitaria, dotada de un marco institucional sólido para desarrollar las funciones de promoción y defensa de la competencia".

RECOMENDACIONES

No obstante, introduce una serie de observaciones y recomendaciones. Entre otros aspectos, afirma que, dado que de la lectura de algunos artículos se puede llegar a cuestionar la necesidad de suministro o establecimiento de servicios públicos, sería conveniente que la Ley incluyera, "bien en el preámbulo o en la exposición de motivos, una referencia a la necesidad de los servicios públicos en un Estado de Bienestar".

A su juicio, esto ayudaría a evitar que la Autoridad Vasca de la Competencia fuese interpretada "como un órgano de presión para la liberalización de estos servicios". También pide que la propia Ley garantice la dotación de medios materiales y humanos para los órganos y servicios previstos.

En el capítulo de las consideraciones específicas, el CES plantea una redacción "más concisa" en varios apartados. Asimismo, en el ámbito de las competencias de la Autoridad Vasca de la Competencia, cree "necesario regular, de manera inequívoca, la capacidad de eximir el pago de multas o de reducir sus importes, para que no se puedan producir decisiones arbitrarias".

Asimismo, en relación a los dictámenes de la Autoridad, estima conveniente concretar su carácter -si es vinculante o no-, así como su criterio. Por último, recomienda la inclusión, a modo glosario, de un listado tipo (abuso de posición dominante, actos desleasles, acuerdos prohibidos).