La Diputación Permanente del Parlamento ha acordado convalidar este jueves, con los únicos votos del PSOE-A, ya que PP-A votó en contra e IULV-CA se abstuvo, el Decreto-ley de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad, que supondrá un incremento global de los ingresos de la comunidad autónoma de entre 900 y 1.200 millones de euros en el periodo 2010-2013. El decreto se tramitará como proyecto de ley, algo que solicitaron los tres grupos parlamentarios.

La norma contiene iniciativas directamente orientadas a avanzar en la progresividad y la equidad del sistema tributario, la solidaridad del sector financiero, la protección del medio ambiente, la agilización del funcionamiento de la Administración y la lucha contra el fraude fiscal. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha precisado ante la Diputación Permanente que las medidas incluidas en el decreto —la mayoría de las cuales entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2011— persiguen la reducción del déficit y la consolidación fiscal, todo ello orientado a la recuperación económica y la generación de empleo, apuntando que está basado en la progresividad fiscal, de manera que paguen más los que más tienen.

Durante el posicionamiento de los grupos, el parlamentario del PP-A José Enrique Fernández de Moya consideró que cualquier subida de los impuestos por imposición directa o indirecta es un "grave error". Expresó que resulta "letal" volver a meter la mano en el bolsillo de los andaluces y dijo que el argumento de que la subida de impuestos afectará a las rentas más altas es "pura demagogia para uso y consumo propagandístico". Aseguró que las auténticas paganas de las medidas fiscales de la Junta y del Gobierno central "son las clases medidas y las más desfavorecidas" y recordó cuando los socialistas decían que bajar los impuestos era "de izquierdas". Acusó además al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de "ocultar" a los andaluces "la hoja de ruta de subida de impuestos".

El portavoz de IULV-CA, Diego Valderas, ha calificado de "excesivamente tímida" la propuesta y se podía haber llegado a mucho más y reclamó la tramitación del decreto como proyecto de ley. Se necesita una política fiscal "más firme", más dirigida a los impuestos indirectos y a las rentas más altas, así como a la lucha contra el fraude fiscal.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Mario Jiménez, ha expresado que el decreto busca la progresividad y la equidad en el sistema fiscal y es perfectamente coherente con la manera de pensar y sentir del PSOE. Para Jiménez, estas medidas son indispensables, necesarias y eficaces para mantener el Estado del Bienestar en la comunidad. Opinó que la "supuesta defensa de las clases medias" que hace el PP-A no es más que una "impostura" porque ese partido pretende "llevarse por delante" el Estado del Bienestar para "privatizar" servicios. Acusó además a la portavoz del grupo popular, Esperanza Oña, de "mentir" a los andaluces sobre las nuevas medidas fiscales de la Junta y le exigió que hoy mismo pida perdón por ello.

Oña solicitó, a continuación, la palabra a la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, por alusiones, si bien no le fue concedida. La portavoz popular acusó a Coves de no ser "imparcial".

Contenido del decreto-LEY

Las medidas, incluidas en la estrategia general de reducción del déficit público que se lleva a cabo en España, consisten fundamentalmente en la modificación de algunos tributos y la creación de otros. Las medidas fiscales relativas a IRPF, e impuestos sobre residuos radiactivos, bolsas de plástico y depósitos de clientes en entidades de crédito entrarán en vigor el 1 de enero de 2011, mientras que el resto lo hará al día siguiente de la publicación del Decreto-ley en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en los próximos días.

En cuanto al contenido de las medidas, se aplicarán tres nuevos tramos en la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): el primero para bases de entre 80.000 y 100.000 euros, que tributarán al 22,5 por ciento; el segundo, entre 100.000 y 120.000 euros, al 23,5 por ciento; y el tercero para bases superiores a los 120.000 euros, al 24,5 por ciento, lo que supone un incremento de uno, dos y tres puntos, respectivamente.

Con el fin de aumentar la progresividad del impuesto, se imponen también límites de renta (80.000 euros en tributación individual y 100.000 en conjunta) a las deducciones autonómicas para familias monoparentales, por hijos o, en su caso, ascendientes mayores de 75 años, así como en las deducciones por asistencia del contribuyente a personas con discapacidad. Por su parte, en la deducción autonómica por ayuda doméstica, se equiparan las parejas de hecho y los cónyuges con hijos a los padres o madres de familias monoparentales, según ha explicado Martínez Aguayo.

El Decreto-ley revisa al alza la deducción autonómica por adopción de hijos en el ámbito internacional, aumentando el límite de renta de 39.000 a 80.000 euros en el caso de tributación individual y de 48.000 a 100.000 euros en la conjunta.

La última medida referente al IRPF es la eliminación parcial de la deducción autonómica por alquiler de la vivienda habitual en el caso de contribuyentes menores de 35 años que ya poseen beneficios fiscales en el mismo ejercicio por adquisición de vivienda habitual (con la salvedad de las cuentas ahorro-vivienda). Asimismo, y para mejorar el control del fraude fiscal en la aplicación de las deducciones autonómicas, el Decreto-ley reproduce los límites de renta ya establecidos en la normativa vigente sobre ayudas a viviendas protegidas y a inversiones en vivienda habitual protegida, así como para ayudas familiares.

Respecto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se introduce el requisito de patrimonio preexistente del contribuyente, que no podrá exceder de 402.678,11 euros para la exención a favor de personas con discapacidad cuya base imponible no supere los 250.000 euros si no pertenecen a los grupos I y II de parentesco. En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales se eliminan los tipos reducidos en las relativas a viviendas protegidas, en coherencia con la normativa autonómica vigente sobre esta materia. Estas modificaciones permitirán, en palabras de la consejera de Hacienda, "avanzar en progresividad y equidad".

En el capítulo de creación de tributos, la consejera ha destacado el relativo al nuevo impuesto sobre depósitos de clientes, que se aplicará a las entidades de crédito con oficinas en Andalucía a través de una tarifa en tres tramos sobre la base integrada por el valor de estos depósitos: 0,3% si son inferiores a 150 millones de euros; del 0,4% si se sitúan entre 150 y 600 millones, y del 0,5% para los que superan los 600.

Respecto a las medidas fiscales orientadas a la sostenibilidad y a la protección del medio ambiente, la principal de ellas es la creación de un impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso, que supondrá el pago de 5 céntimos por cada bolsa de este tipo.

En la misma línea de sostenibilidad, el Decreto-ley eleva el impuesto especial de determinados medios de transporte, incrementando del 14,75 al 16 por ciento el tipo impositivo para motocicletas y vehículos altamente contaminantes, motos náuticas y 'quads', y del 12 al 13,2 por ciento el relativo a buques de recreo y avionetas. También experimenta una subida, de 7.000 a 10.000 euros por metro cúbico, el tipo aplicable en el Impuesto sobre Residuos Radiactivos.

Finalmente, y entre otras modificaciones, en el impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos se aplicará un tipo de 24 euros por 1.000 litros de gasolina, gasóleo y queroseno; de 2 euros por 1.000 litros de gasóleo de uso especial y calefacción, y de 1 euro por tonelada de fuelóleo.