La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha emitido esta tarde un comunicado para dejar claro que su trabajo en relación con la política urbanística de Seseña (Toledo) a raíz de la urbanización promovida por el constructor Francisco Hernando 'El Pocero', no implica opinión alguna sobre la Junta de Castilla-La Mancha ni sobre quien fue su presidente, José Bono, actual presidente del Congreso.

"La fiscalización desarrollada por el Tribunal de Cuentas ha tenido por objeto la gestión urbanística realizada por el Ayuntamiento de Seseña y no el ejercicio por la Administración autonómica correspondiente de sus competencias en la materia", precisa el fiscal jefe, Olayo González Soler.

En ese sentido, señala que "los indicios de delito que podrían haber sido hallados" como consecuencia del informe del Tribunal de Cuentas "no se encuentran relacionados con la actividad de autoridades o funcionarios de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha".

Y más expresamente, dado que Bono era el presidente cuando se dieron los permisos a la urbanización del 'Pocero', el fiscal del Tribunal de Cuentas, en el comunicado recogido por Europa Press, subraya que "no ha calificado en ningún sentido la actuación presente o pasada del actual presidente del Congreso".

Algo podía haber hecho

En informe de fiscalización el Tribunal de Cuentas, aprobado en junio y enviado a la Fiscalía Anticorrupción, considera que la Junta de Castilla-La Mancha podía haber "impedido" con su actuación algunas de las irregularidades cometidas desde 1996 en el municipio toledano de Seseña, en el que el "elevado desarrollo urbanístico" se vio plagado de "deficiencias y riesgos de control".

En este informe, la institución fiscaliza la gestión urbanística del municipio toledano en un periodo de 11 años, que se vio dificultada por la inexistencia de procedimientos, registros administrativos y contables y expedientes completos en el periodo entre 1996 y 2002, y realiza una serie de recomendaciones a la corporación municipal para que mejore sus procedimientos de control, en especial en lo referido a urbanismo.

Según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio Público, una vez se reciba, el informe se incorporará al procedimiento abierto en 2006 y que ya ha dado lugar a una denuncia, presentada en julio de 2008 en el Juzgado de Instrucción de Illescas contra el ex alcalde de Seseña José Luis Martín, por los posibles delitos de prevaricación, cohecho y delito contra la Hacienda Pública.