La Fiscalía de Medio Ambiente ha advertido de que los ayuntamientos andaluces "no adoptan medidas correctoras que protejan a los vecinos que soportan niveles excesivos de ruidos en sus viviendas" y ha mostrado su inquietud por el hecho de que "siguen sin llegar prácticamente ninguna denuncia por ello a la Fiscalía o a los Juzgados de Instrucción".

De este modo, en su memoria correspondiente a 2009, consultada por Europa Press, la Fiscalía indica que durante el año 2009 "se han incoado sólo 12 procedimientos por contaminación acústica y únicamente uno de ellos lo ha sido a instancia de la administración local originariamente encargada de las inspecciones, controles y del ejercicio de la potestad sancionadora", competencia derivada de las ordenanzas municipales sobre ruidos, así como de las legislaciones estatal y autonómica.

Del mismo modo, señala que, como se ha podido comprobar al solicitar copia de los expedientes administrativos incoados por exceso de ruido, son una "excepción" los ayuntamientos que cuentan con pruebas sonométricas, los que acuerdan el precinto de aparatos emisores de ruido o los que ordenan suspender la actividad ilegal. Además, añade, son una "rareza" los que ejecutan lo acordado.

"Formalmente parece perseguirse la actividad irregular, pero materialmente no se adoptan medidas correctoras que protejan a los vecinos que soportan la inmisión excesiva de ruidos en sus viviendas", asegura el Ministerio Público. Hay que destacar que la contaminación acústica es el principal problema ambiental que identifican los ciudadanos en el ámbito municipal, según el Ecobarómetro de Andalucía.

Asimismo, lamenta el "retraso" que supone para la obtención de pruebas que la Fiscalía tenga que dirigirse a los ayuntamientos para que informen sobre si han concedido licencia para la actividad a la que aluden los denunciantes, así como las medidas de control y correctoras que hayan tenido lugar. "Cuando se comienzan a investigar los hechos, como regla general, hace meses o años que vienen produciéndose", subraya.

Nuevo reglamento autonómico

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía aprobará en breve un nuevo Reglamento contra la contaminación acústica que extenderá a todos los ayuntamientos, independientemente de su población, la obligación de elaborar ordenanzas municipales contra el ruido, precepto que hasta ahora sólo se aplicaba a los municipios de más de 20.000 habitantes.

Según la Administración ambiental, el futuro reglamento establecerá, además, un régimen específico para las terrazas y veladores en cuanto a los niveles máximos de ruido aplicables; la definición de un contenido mínimo de los estudios acústicos para infraestructuras y planeamientos urbanísticos y la determinación de cuándo se produce un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se pone en grave peligro la seguridad de las personas.

La contaminación acústica, generada por la actividad de instalaciones industriales, el transporte, la construcción o actividades de ocio, afecta hoy en día a un tercio de la población de la Unión Europea. Sus efectos sobre la salud pueden ir desde la pérdida de sensibilidad del aparato auditivo a aceleración del ritmo cardiaco, aumento de la tensión muscular y presión arterial, irritabilidad, nerviosismo o alteraciones del sueño.

Un centenar de actuaciones subsidiarias

Las competencias en la lucha contra la contaminación acústica se reparten entre las autoridades municipales y la Junta de Andalucía, de modo que los primeros son los encargados de elaborar las ordenanzas de protección contra el ruido procedente de la vía pública y el producido por actividades domésticas y vecinos, incluyendo las terrazas y veladores, que es en el ámbito dónde se producen mayor número de denuncias.

No obstante, puede darse el caso de que la Junta de Andalucía actúe subsidiariamente a petición de los propios ayuntamientos o de un denunciante por inactividad del consistorio.

De hecho, durante el año 2009 la Consejería de Medio Ambiente tramitó un total de 100 solicitudes de actuación por "falta de capacidad o voluntad" de los ayuntamientos —42 por parte de corporaciones municipales y el resto petición ciudadana—.