El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga) está investigando al actor escocés Sean Connery y a su mujer en relación con un posible delito fiscal que podría haber alcanzado 1,6 millones de euros, según confirmaron a Europa Press fuentes judiciales.

Distintas fuentes informaron de que a raíz de las investigaciones realizadas en una causa por presuntas irregularidades en convenios urbanísticos, en la que ya aparece como imputado el actor y su mujer, se investiga un delito contra la Hacienda Pública, por lo que se abre una pieza separada. Apuntaron que está previsto librar una comisión rogatoria para tomarles declaración.

Esta investigación por delito fiscal es una pieza separada de una causa iniciada a raíz de la querella presentada en 2006 por parte de la Fiscalía Anticorrupción sobre convenios urbanísticos. A finales del pasado mes de abril se emitieron informes por parte del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, respecto a un operación inmobiliaria en la que habrían participado sociedades supuestamente vinculadas al matrimonio.

Así, la Agencia Tributaria cifró en 53 millones de euros los beneficios de la explotación de la promoción Malibú, ubicada en Marbella (Málaga), desarrollada a través de dicha operación inmobiliaria que se investiga, según el informe, al que tuvo acceso Europa Press, remitido al juez por dicho organismo, fechado en mayo de este año.

Según dicho documento, incluido en la causa, en el desarrollo de dicho conjunto urbanístico, de 72 apartamentos de lujo y situado en primera línea de playa, "existen indicios suficientes que hacen pensar en la comisión de diversos ilícitos penales", algunos ya investigados con anterioridad y otros nuevos como cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. INVESTIGACIÓN

Una conclusión de los funcionarios de la AEAT y de la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional es que "parte de los beneficios", incluyendo los importes de una posible defraudación que se investiga, "son transferidos al exterior", sobre todo a Reino Unido y Uruguay, siendo el total de "más de 37 millones de euros". Sobre el último país se dice que está en la 'lista gris' de paraísos fiscales.

En el informe se precisa que la promoción se lleva a cabo sobre la base de tres convenios firmados por el Ayuntamiento marbellí, uno con la empresa Malibú SA, "sociedad poseída por el matrimonio Connery para la tenencia de su chalé en la costa, Casa Malibú" —según el juez instructor— y dos con By the Sea, "en los cuales no se respeta la legalidad vigente".

Para los investigadores, By the Sea, promotora del complejo, "se configura como sociedad opaca, participada inicialmente por sociedades residentes en paraísos fiscales, por lo que se desconoce la identidad de los beneficiarios del sustancioso negocio". "El beneficio monetario se retira de la sociedad conforme se han ido vendiendo los apartamentos", según se apunta.

Esto se constata, según el análisis, en las "cuantiosas salidas de divisas al exterior que le constan a la sociedad a partir de finales de 2005", ya que la promoción se construyó entre 2002 y 2005 y las ventas comenzaron en el segundo semestre de ese último año, con precios en los apartamentos que podrían haber llegado a los 2,6 millones de euros.

Por su parte, Malibú, en la que en 2002 cesan como administradores el actor y su mujer, consta en el informe que estuvo participada por ésta en un 52 por ciento y por By the Sea en un 48 por ciento, que hizo la compra de acciones a través de otra sociedad, que al no hacerse efectiva generó una deuda, reconocida en 2007, por la que "se puede presumir que Connery" y el beneficiario de la otra empresa "obtienen parte del control" de By the Sea "de una manera oculta".

El informe precisa que estas sociedades y sus cuentas bancarias "parecen haber estado controladas por un mismo despacho", Díaz-Bastien & Truan Abogados, donde se autorizó el pasado mes de mayo un registro para intervenir los expedientes relacionados con ambas sociedades, con la otra empresa que adquirió las acciones, con el actor y su mujer y sobre las personas o sociedades a los que fueran transmitidos bienes del conjunto, según la resolución judicial.

Dicho bufete "representa y defiende los intereses económicos de los Connery en Marbella", primero, durante los años 90, con relación al chalé de su propiedad y "más adelante mediante la prestación de sus servicios a la promotora By the Sea". En este punto, el informe de la AEAT y de la Policía añade que la participación del matrimonio en dicha sociedad "queda velada por el entramado societario organizado".

"Debido a la pantalla interpuesta por el despacho, así como por la composición del accionariado, compuesto por sociedades radicadas en paraísos fiscales, hacen imposible conocer los beneficiarios últimos de la operación", dicen los investigadores, quienes añaden como hipótesis la posibilidad de que el bufete "actúe como verdadero factor de los Connery en el negocio de la promoción objeto de estudio".

El informe apunta que a partir de 2005, coincidiendo con la venta de apartamentos, en la facturación del despacho de abogados "aparece el cobro de cantidades procedentes de los Connery, que alcanzan el millón de euros, desconociendo los motivos".

Asimismo, en la causa se investigan dos operaciones "de ingeniería financiera", por parte de By the Sea, como son un contrato de futuros y la minusvalía en la compra de acciones de Malibú, que "presentan importantes indicios de ser ficticias y responder a una mera finalidad de ocultación y elusión fiscal". Según las primeras estimaciones de la AEAT, la defraudación sería de unos 18 millones de euros de 2005 a 2008.

El análisis realizado por la AEAT concluye, igualmente, que la construcción del complejo inmobiliario "no hubiera sido posible sin la connivencia de individuos relacionados con el Ayuntamiento de Marbella, entre ellos Juan Antonio Roca —presunto cerebro del caso 'Malaya'—, quien por estas acciones posiblemente obtuvo un pago en especie determinado por fincas en el complejo".

Así, el juez ha citado a declarar mañana al ex alcalde marbellí Julián Muñoz y a varios ex ediles en relación con esta causa, en la que también está imputado Roca.