El portavoz del área Institucional del Grupo Parlamentario Socialista, José Manuel Lage, ha revelado la existencia de una sentencia firme del Tribunal Supremo (TS) que obliga a la Xunta a repetir uno de los exámenes de la oposición de inspección turística convocada en 2001 y a anular las plazas que ocupan desde 2004 un total de 16 personas.

Esta sentencia, según ha explicado el diputado del PSdeG, es conocida desde "hace un año" por el Gobierno gallego, que todavía no la ha ejecutado, por lo que deberá actuar en próximas fechas. Mientras tanto, se encuentra "a merced" de que alguno de los afectados "pueda pedir su ejecución forzosa" en cualquier momento —contactan "todas las semanas" con la Xunta, ha aseverado Lage—.

Según establece el TS, debe llevarse a cabo "la retroacción de las actuaciones al inicio del cuarto ejercicio", que se desarrolló como una prueba tipo test pese a que las bases fijaban un caso práctico, por lo que las personas que obtuvieron la plaza en 2003 serán desposeídas de ella. De producirse esta situación, Galicia quedaría "sin ningún inspector turístico", ya que estas personas únicamente podrían trabajar como "interinas".

Además, el Gobierno gallego puede sufrir "consecuencias graves", tal y como ha alertado el parlamentario socialista, que ha llamado la atención sobre que, tanto los que ganaron la plaza "no en base a la legalidad" como los que fueron excluidos, puede recurrir a la Justicia en busca de "indemnizaciones". "Hay un problema serio", ha incidido, tras criticar que la Xunta "lleva un año mirando para otro lado".

A mayores, sobre la falta de inspectores turísticos que viviría la Comunidad gallega, Lage ha vuelto a denunciar que el Ejecutivo autonómico mantiene "paralizada" la convocatoria de 2008, por la que se crearían ocho nuevas plazas. Así las cosas, ha reprobado la "inacción" de la Xunta para ejecutar la sentencia del TS y para convocar las pruebas de acceso a la función pública.

"el tribunal inventa la calificación"

Otro de los aspectos en los que hace hincapié el alto tribunal es en que "el autor del examen que salió elegido en el ejercicio cuarto era profesor en una academia en la que habían estudiado o estudiaban varios de los opositores". "Los que aprobaron", ha subrayado el portavoz del área Institucional del Grupo Parlamentario Socialista.

A mayores, el TS considera "evidente que el tribunal —de la oposición— se inventa un sistema de calificación que no era el pensado por las bases de la convocatoria", algo que Lage ha descrito como uno de los hechos "más graves" relacionados con oposiciones.

Con motivo de todo ello, los socialistas han registrado una interpelación con el objeto de "conocer los motivos" por los que el Gobierno gallego no ejecuta la sentencia del TS de julio de 2009.

Destitución de barreiro

A su juicio, este dictamen evidencia la "negligente gestión" de la Dirección Xeral de Función Pública, cuyo titular, José María Barreiro, "debería haber sido destituido hace tiempo". Dicho esto, Lage ha reclamado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "tome una decisión inmediata" y "nombre un nuevo director xeral que normalice los procesos".

Frente a esto, no obstante, ha denunciado que el presidente de aquel tribunal, Antonio Rodríguez Álvarez, "que se inventó la forma de resolver", fue nombrado por Feijóo como responsable de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp). "Feijóo premia y ampara a una persona corresponsable de una oposición fraudulenta", ha reprobado. "DESCONFIANZA"

A la vista de la situación, el parlamentario del PSdeG no ha escatimado en críticas a la labor de José María Barreiro en su primer año al frente de la Dirección Xeral de Función Pública.

"En octubre, hubo filtraciones; en febrero, opositores que a su vez formaban parte del tribunal; en marzo, anomalías en las oposiciones del Sergas; en abril, un retraso de más de un año para nombrar a 18 inspectores urbanísticos; y en junio, las oposiciones de inspección turística paralizadas durante 21 meses", ha relatado, para reservar como colofón el dato hecho público hoy, que una sentencia del TS que obliga a repetir una prueba "sigue sin ejecutarse".

Dicho esto, ha concluido que los procesos de acceso a la Función Pública están ahora salpicados por "un serio problema de desconfianza", ya que el departamento que dirige Barreiro es "el epicentro de la polémica".