El Ayuntamiento bilbaíno anunció ayer que se personará en el juicio como acusación particular, después de que la asociación de vecinos de Zorroza pidiera su intervención para  solucionar el problema.

La llegada de las dos familias al número 37 de Zazpi Landa fue un verdadero «trauma» para el resto de vecinos. En poco más de un año, casi todos los residentes del inmueble se vieron obligados a abandonar poco a poco sus pisos. «No quieren ni limpiar, ni pagar la comunidad, hacen sus necesidades en la calle y en el portal, trafican con droga, han amenazado a los vecinos, se vuelven violentos...», describe Luis Muñoz, portavoz de la asociación vecinal del barrio.

El Ayuntamiento también hará un informe policial que recogerá los antecedentes y denuncias que «pueden ser prueba del comportamiento incívico, antisocial y de amenaza», explicó ayer un portavoz municipal.