El BNG alerta de que la reforma de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (Lorca), que permitirá a estas entidades emitir cuotas participativas con derechos políticos, similares a las acciones, por un importe no superior al 50 por ciento de su patrimonio, supondrá su "privatización efectiva", mientras que PPdeG y PSdeG defienden el papel de estas cuotas, con carácter "voluntario", para reforzar la solvencia de las cajas.

Según el real decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros, tras la entrada en vigor del texto, las entidades podrán emitir cuotas participativas por hasta el 50 por ciento de su capital, lo que permitirá la entrada de inversores privados. Los derechos políticos se reconocerán de manera directamente proporcional a su participación en el patrimonio de la caja.

No obstante, se suprimen los límites a la tenencia de cuotas por un único partícipe y se establecen los principios de libertad de emisión y retribución de dichas cuotas.

Frente al rechazo que esta posibilidad ha provocado en los nacionalistas, el viceportavoz del PPdeG en la Cámara Pedro Puy ha asegurado este jueves, en declaraciones a Europa Press, que su grupo ve "bien" que las entidades tengan "voluntariamente" la posibilidad de optar a esta vía para poder garantizar "su solvencia".

En la línea, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, ha destacado que, en vista de la "actual situación" de las cajas de ahorros, abrir la puerta a la entrada de capital privado en las entidades es "una necesidad" para "reforzar su base de capital" y para garantizar su "viabilidad en un futuro". Además, también incidió en que será una opción "voluntaria".

Sobre las críticas de "privatización" del BNG, Leiceaga ha insistido en que es "la única solución" para garantizar la solvencia de las cajas en el actual contexto y ha avisado de que "lo peor" es que "se queden sin capital y tengan que ser liquidadas". En la línea, Puy ha apuntado que el hecho de que la propia ley limite la emisión de estas cuotas a un importe no superior al 50 por ciento del patrimonio, establece "una cautela" para evitar la "bancarización" de las cajas.

"privatización clásica"

Frente a ello, el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que la aprobación de este real decreto se traduce en "una privatización clásica" de las cajas de ahorros. "Como las de la derecha", ejemplificó.

En este sentido, ha criticado que se "sanee" un sector "con dinero público" para después abrirlo "a la iniciativa privada". Además, se ha preguntado "cuál es la urgencia" para que la reforma se haya tramitado "por decreto ley" y ha especulado con la posibilidad de que PP y PSOE tengan en mente ya "alguna operación de compra de cajas por por parte de entidades privadas".

Preguntado por el límite del 50 por ciento, ha avisado de que si un sólo inversor puede acceder a este porcentaje del capital en una entidad tendría "el control efectivo". "Primero pagamos con dinero público el saneamiento del sector y después vendemos a precio de saldo el patrimonio público", ha lamentado.

Representación política

Carlos Aymerich ha alertado también de que este decreto "invade las competencias autonómicas" y de que podría "abrir la puerta" a la "desgalleguización" de sus entidades, en el caso de Galicia, aunque ha reconocido que los nacionalistas "están de acuerdo y apoyan" que no haya cargos políticos en activo en los órganos de las cajas.

También Pedro Puy y Fernández Leiceaga han destacado la "despolitización y profesionalización" de estas entidades crediticias, "en la línea" con la Ley de Cajas de Galicia, aprobada en diciembre de 2009 con el apoyo de populares y nacionalistas.

En concreto, la norma limita la presencia de representación política, establece la incompatibilidad de los cargos electos a ser miembros de los órganos de gobierno de las cajas e impide la participación de representantes de la administración ejecutiva en los órganos de gobierno de las entidades.

El texto también refuerza los requisitos de profesionalidad de los órganos de gobierno a través de exigencias especiales de cualificación y experiencia para al menos la mitad de los miembros del consejo de administración.

Por último, sobre la compatibilidad de la Ley de Cajas gallega con el nuevo marco normativo estatal, los representantes de los tres grupos apuntaron que todas las comunidades tendrán que "adaptarse" a la misma y abogaron por esperar a ver qué plazos determina el decreto de la reforma legislativa.