ACS ha cuantificado en 800 millones en patrimonio y, al menos, 97 millones en resultados el impacto por su no presencia en el consejo de Administración de Iberdrola. En la vista celebrada en Bilbao sobre la adopción de medidas cautelares de suspensión de dos acuerdos de la Junta de Iberdrola, la eléctrica ha alegado que la constructora es un "competidor directo" y que su entrada en el consejo sería "introducir un caballo de Troya" y podría poner en riesgo 1.400 millones.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao ha acogido este miércoles la vista para dirimir la petición de ACS de que se suspenda cautelarmente dos acuerdos de la Junta de Iberdrola del pasado 26 de marzo que impugnó y que impidieron su entrada en el Consejo de Administración de la eléctrica. La resolución judicial se conocerá el próximo lunes.

En concreto, el grupo constructor ha recurrido el acuerdo correspondiente al cese del consejero (José María Loizaga) que había designado en la eléctrica y el referente a la reducción a 14 del número de miembros del consejo de administración de la eléctrica. También ha solicitado como medida cautelar que la demanda interpuesta quede reflejada en el registro mercantil.

ACS e Iberdrola estaban convocados este miércoles a la primera vista judicial de las dos previstas fruto del cruce de demandas de impugnación que la eléctrica y su primer accionista (12,6%) mantienen en los tribunales. La segunda vista está fijada para el 12 de julio en el Mercantil número 1 de Madrid.

En ambos casos, las vistas servirán para escuchar los argumentos de las dos partes y decidir sobre la solicitud de medidas cautelares que tanto ACS como Iberdrola, -que ha impugnado las cuentas del grupo constructor de 2009-, incluyeron en sus respectivas demandas.

En el transcurso de la vista celebrada en Bilbao, el abogado de de ACS, José Antonio Gainzo, del despacho Clifford Chance, se ha reiterado en su solicitud de que se acuerde cautelarmente la suspensión de los citados acuerdos de la Junta de Iberdrola ya que, a su juicio, se ha "cercenado el derecho" de la empresa a tener un representante en el consejo.

A su juicio, de acuerdo a la Ley de Sociedades Anónimas está "acreditado" que pueden contar con un consejero y es algo que es "indiscutible" y, además, "incuestionado por Iberdrola".

La defensa de ACS ha negado que exista un conflicto de competencia estructural y permanente entre ambas compañías y ha asegurado que, en el caso de que existiera, sería en todo caso "algo puntual" y "no justificaría" el cese de un consejero. Gainzo ha manifestado que, en el caso de se produjeran problemas puntuales de competencia, se podrían resolver con la abstención de su consejero de las votaciones.

Tras asegurar que ha habido en el consejo de Iberdrola consejeros en representación de empresas que también se podrían interpretar como competencia de la eléctrica, ha argumentado para justificar que "no hay competencia" entre Iberdrola y ACS en los ámbitos de energía e ingeniería que la facturación en energía de la constructora es del 1 por ciento frente al 90 por ciento de Iberdrola y que en ingeniería es de un 42 por ciento en ACS frente al 5 por ciento de la eléctrica. "No existe competencia real en esos dos terrenos", ha añadido la defensa de ACS.

Gainzo ha asegurado que ACS ha actuado, desde el primero momento, "de buena fe" y con "transparencia" y ha sido Iberdrola la que ha "obstaculizado" el acceso al consejo.

La defensa de ACS ha señalado que el consejo de administración, en estos momentos, "no es neutral" y su no presencia en el mismo le está provocando un "perjuicio irreparable", tanto societario como económico y ha afirmado que "Iberdrola quiere perjudicar la situación de ACS".

En concreto, ha asegurado que el hecho de que la empresa de Florentino Pérez no pueda contabilizar su participación en Iberdrola utilizando el sistema de puesta en equivalencia "afecta" al patrimonio neto de la sociedad en 800 millones en patrimonio y a sus resultados en, al menos, 97 millones. Además, ha estimado un "perjuicio" de 1.130 millones en capitalización, 1.720 millones en su capacidad de endeudamiento o 187 millones en su capacidad de obtener una rentabilidad.

Por otra parte, ha negado que ACS pretenda "perjudicar" a Iberdrola y ha asegurado que cómo "se va a gastar 5.000 millones" en la eléctrica para "luego perjudicarla".

El letrado ha manifestado que Iberdrola ha actuado "de mala fe" y con "falta de transparencia". Además, ha criticado su "incoherencia" por "cambiar" sus argumentos para impedir el acceso de ACS al consejo, ya que el pasado año había alegado que no había vacantes y este año que existía un conflicto de interés.

Argumentos de iberdrola

Por su parte, la abogada de Iberdrola Arantza Estefanía, del equipo de Uría Menéndez, ha afirmado que no concurren los requisitos para aceptar las medidas cautelares solicitadas por ACS.

Estefanía ha insistido en su defensa en que lo importante en este caso y que está "acreditado" es que ACS es un "competidor directo" de Iberdrola y, a su juicio, distintos informes acreditan que existe "un conflicto estructural y permanente de competencia", principalmente en las áreas de energías renovables e ingeniería, que, a su juicio, son "estratégicas" para ambas compañías. "Esa competencia directa está fuera de toda duda", ha añadido.

Estefanía ha recordado que el 26 de marzo se permitió que designaran un representante en el consejo, pero la Junta impidió que se hiciera efectivo porque tiene "obligación" de cesar la entrada de "un competidor" en el Consejo porque sería "contrario al interés social". Ha añadido que no se infringió ningún "precepto legal" en la Junta.

La defensa de la eléctrica ha presentado en la vista unos informes económicos para justificar la existencia de esa competencia, que han podido ser estudiados por ACS en un breve receso. En concreto, se ha argumentado que ACS cuenta con líneas de negocio que se solapan con algunas de las principales actividades de Iberdrola y que ambas compañías han competido directamente en las principales adjudicaciones de energías renovables que se han desarrollado en España en los últimos años.

Iberdrola ha afirmado que los informes de auditores y abogados evidencian ese conflicto de interés y ha apuntado que las áreas de renovables e ingeniería supusieron en 2008 el 41 por ciento de la facturación total de ACS y casi un tercio del valor de la compañía.

Además, según el informe de Nera, en 2008 las actividades que Iberdrola desarrolló en competencia con ACS alcanzaron los 7.000 millones.

La eléctrica ha afirmado que la entrada de ACS en su consejo de Administración sería tanto como "introducir un caballo de Troya" en este órgano y le causaría un "perjuicio irreparable y gravísimo". Ha añadido que, en ese caso, un "competidor" estaría teniendo acceso a información "estratégica y sensible" de todo el grupo y se estaría impidiendo el funcionamiento "efectivo y eficaz" del consejo.

En concreto, se ha aludido a que el impacto podría ser de 1.400 millones, que es el Ebitda correspondiente a las divisiones de ingeniería y energía renovables en 2009. Según ha afirmado, ésa sería la cifra que se estaría "poniendo en riesgo" y el "perjuicio" para Iberdrola.

Por otra parte, otro argumento para pedir que no se atiendan las medidas cautelares es que ACS "no ha justificado" que siga vigente la agrupación de acciones que le permitió designar a un consejero. Asimismo, ha afirmado que ACS ha presentado la demanda "fuera del plazo de los 40 días establecido por ley" y también ha puesto de manifiesto el hecho de que la constructora no haya impugnado nunca ninguno de los acuerdos del consejo.

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