El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, ha asegurado este martes que en Castilla-La Mancha la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, conocida como Ley del Aborto, se está aplicando con "normalidad" y ha añadido que el registro de médicos objetores a la práctica del aborto "no solo no perjudica, sino que protege" al profesional.

En declaraciones a Europa Press, el consejero ha explicado que en este momento en Castilla-La Mancha se está aplicando la norma tal y como estaba previsto. La nueva ley también incorpora un derecho para los profesionales, el derecho de objeción de conciencia, que podrán ejercerlo a través del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar un aborto en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

Se trata de una normativa de carácter interno, según Lamata, para poder dar al profesional la posibilidad de ejercer ese derecho de objeción de conciencia. Lamata no descartó poder ampliar el acceso al registro a otros profesionales que consideren que están vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo. 3.000

Abortos en castilla-

La mancha

El consejero ha explicado que desde 1987 en Castilla-La Mancha se viene aplicando la ley que despenalizaba la práctica de la interrupción voluntaria de embarazo. Desde ese año, según ha especificado Lamata, en España se realizan una media de 100.000 interrupciones voluntarias de embarazo anuales, unas 3.000 en Castilla-La Mancha.

"Se ha venido ofreciendo esa prestación, que la ley ha reconocido a aquellas mujeres que cumplían los tres supuestos en los que se despenalizó la interrupción voluntaria de embarazo". El titular de Salud ha manifestado que "ha sido una aplicación ajustada a la ley y con normalidad absoluta" y a lo largo de estos 25 años "no ha habido prácticamente ninguna situación de dificultad, desde luego no lo ha habido en Castilla-La Mancha", agrega.

Según ha dicho, hace algunos años saltaron a los medios denuncias sobre prácticas de abortos en etapas muy avanzadas de la gestación, incluso hasta al noveno mes, alegando salud mental de la madre, que fueron las que motivaron la modificación actual de la ley. "Hubo una cierta alarma social y hubo, incluso, un cierto riesgo para los profesionales que practicaban esas interrupciones voluntarias dentro de la ley", ha añadido.

Ley de plazos y supuestos

La nueva norma, según el consejero, garantiza las mismas interrupciones que la anterior legislación, pero las limita, porque ese supuesto de riesgo para la salud de la madre se limita hasta la semana 22, y se incorpora un cuarto supuesto, en el que las mujeres pueden interrumpir libremente su embarazo durante las 14 primeras semanas de gestación, y por tanto, "solamente es decisiva la voluntad de la mujer embarazada".

El consejero ha afirmado que desde el año 1987 ninguna mujer ha ido a la cárcel por interrumpir voluntariamente el embarazo porque estaba protegida por esa despenalización del delito del aborto.

El consejero ha explicado que durante 25 años se viene aplicando en Castilla-La Mancha la ley, por lo que, a su juicio, hay una "absoluta normalidad" en el acceso de las mujeres embarazados a esta práctica, que se hace en centros concertados de Albacete y Ciudad Real, y en otras clínicas concertadas en Madrid, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Para el consejero, el acceso a la prestación ha sido "normal" y siempre con la garantía del cumplimiento de la ley.

Se harán en clínicas concertadas

Lamata ha destacado que en España el 98 por ciento de todos los procedimientos de interrupción voluntaria de embarazo, es decir una media de 100.000 al año, se hacen en clínicas concertadas, lo mismo que ocurre en Castilla-La Mancha, "que no es la excepción", ha asegurado el consejero, quien ha precisado que hasta ahora en la región los centros públicos no habían hecho este tipo de prácticas, porque se realizan en centros concertados, lo que seguirá siendo igual con la nueva ley.

Para terminar, el consejero ha querido transmitir un mensaje de "serenidad" y de asegurar que los sistemas sociales y el sistema sanitario español está llevando esta tarea con "garantía" para las mujeres y reforzando esa "seguridad" para ellas y los profesionales. Además,