La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, ha indicado durante la firma del protocolo de intenciones que este nuevo sistema se "diferencia del tradicional en que éste prevé la gestión integral de los edificios judiciales por parte de la empresa adjudicataria, desde los servicios de limpieza y mantenimiento de los equipos informáticos hasta la gestión de la cafetería, de forma que la Administración sólo se centrará en su cometido principal", el de "servir a los ciudadanos de forma óptima".

La consellera ha señalado que este convenio "nace de la necesidad real de aglutinar todas las dependencias judiciales en una única sede, como ha ocurrido en las de Valencia, Alicante y Elche, y nos encontramos con la dificultad añadida de la situación económica que estamos viviendo y que dificulta las inversiones".

Cesión de suelo

Con el fin de agrupar todas las sedes judiciales, la consellera Sánchez de León ha firmado junto a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el protocolo mediante el cual el consistorio cede a la Generalitat un solar de más de 5.500 metros cuadrados para que el Consell construya la segunda fase de la Ciudad de la Justicia de Alicante, de forma que "permita reagrupar todos los edificios judiciales con la finalidad de evitar desplazamientos innecesarios tanto a los profesionales como a los ciudadanos", ha destacado Sánchez de León.

Además, el Ayuntamiento se compromete a dotar la parcela de los servicios urbanísticos necesarios, tales como la urbanización, abastecimientos de agua, luz o telefonía.

Por ello, Sánchez de León ha agradecido el interés de la alcaldesa y ha destacado la necesidad de en tiempos de crisis de "profundizar en la coordinación entre todas las administraciones públicas, que nos permita consolidad un moderno marco de cooperación y entendimiento".

Por otro lado, una vez construido el nuevo edificio judicial, la Generalitat cederá al consistorio el edificio en el que actualmente se alberga la Audiencia Provincial de Alicante, inmueble que se encuentra en la plaza del Ayuntamiento del municipio y que consta de unos 4.900 metros cuadrados y cuatro plantas.

En este sentido, Sánchez de León ha dicho que desde la Generalitat "comenzamos a trabajar en una fórmula de contratación y ejecución distintas que nos permitiera asumir financieramente el proyecto y encontramos el Contrato Público Privado".

La consellera ha explicado que este contrato "no se trata de una privatización, sino que supone una racionalización y una mayor eficacia en los edificios judiciales, cuya gestión ya es complicada por las dependencias e infraestructuras que alberga".

Con esta fórmula se puede realizar obras de gran envergadura, tal y como ha aseverado Sánchez de León, que ha puntualizado que a través de este tipo de contrato "habrá una gestión integral que permitirá una economía de escala y una eficacia y racionalidad en la gestión que redunda en el beneficio de todos".