Este martes ha tomado declaración el funcionario de Recaudación del Ayuntamiento de Ciudad Real que decretó la providencia de apremio para el embargo de cuentas de la Tesorería General de la Seguridad Social por el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del Hospital General al Consistorio. Al funcionario, la Tesorería le imputa un delito de prevaricación.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, a la hora señalada ha comparecido en el Juzgado correspondiente el funcionario municipal, acompañado del concejal de Economía y Hacienda, Miguel A. Rodríguez, y del abogado al que el Ayuntamiento ha encargado su defensa jurídica, Cipriano Arteche.

El Consistorio ha destacado que, una vez que el Tesorero municipal, órgano competente del Ayuntamiento, decretó la providencia de apremio, la única opción que tenía el funcionario demandado era iniciar el procedimiento de embargo de cuentas, ante la resistencia de la Tesorería al pago.

"Contra toda lógica, la Tesorería General de la Seguridad Social, en vez de pagar, interpuso una querella criminal contra el funcionario queriendo matar al mensajero", ha añadido el concejal de Hacienda, Miguel A. Rodríguez.

Para Miguel A. Rodríguez se trata de una medida con "claros tintes políticos" decretada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, "con la complicidad" de los socialistas de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha, que pretende "asfixiar financieramente" al Ayuntamiento de Ciudad Real así como "coaccionarlo" para que no ejerza su legítima pretensión al cobro de la deuda.

El Ayuntamiento ha subrayado que el consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, se comprometió ante la alcaldesa, Rosa Romero, a encontrar una "pronta y satisfactoria" solución a un problema generado por la falta de entendimiento de dos administraciones socialistas que están perjudicando "gravemente" a Ciudad Real.

En este sentido, el concejal de Economía y Hacienda ha vuelto a tender la mano a las administraciones socialistas implicadas en el asunto y les ha ofrecido revocar las diligencias de embargo si se comprometen a pagar en unos plazos razonables.