La diputada del PSC-PSOE, Eulalia Guerra de Paz, ha asegurado que en la actualidad en las islas "se echa en falta que el Gobierno de Canarias tenga una posición más potente en relación a aquellas acciones para erradicar la violencia de género". La socialista recordó que en lo que va de año han muerto cinco mujeres en el archipiélago víctimas de la violencia machista.

Guerra indicó en declaraciones a Europa Press que "Canarias sigue siendo número uno en violencia contra las mujeres en relación con la población". Explicó que en lo que va de año ya han muerto cinco mujeres y las tres últimas "en un espacio muy corto de tiempo". Aquí insistió en que "es un número muy alto".

La socialista que defenderá una interpelación durante el pleno del Parlamento de Canarias que se celebrará este martes y miércoles al Gobierno regional sobre este asunto. "Debido a la preocupación que generan los datos anuales de incidencia de la violencia de género en Canarias, interpelamos al Gobierno sobre la situación de la violencia de género en las islas, y las acciones a realizar por el Ejecutivo, en el ámbito de la prevención y erradicación, de presupuestos y de coordinación con todas las administraciones canarias", justificó.

Más coordinación

Guerra defendió que debe conocerse el número de mujeres real e insistió en que "siempre ha merecido la pena debatir sobre la situación". Expuso que los datos seguro que tienen que ver con aspectos relacionados con cómo trabajan las administraciones. "Se podrá mejorar la coordinación entre administraciones y que haya más medios", argumentó.

De igual forma, la diputada del PSC-PSOE indicó que "lo interesante de interpelar es que da una opción a trabajar en una propuesta para mejorar el abordaje de la violencia de género a mujeres y a las niñas".

También se refirió a la actual ley y admitió que "no recoge directamente la violencia de genero que no tiene una afectividad". Pero puntualizó que la ley canaria que sí recoge este aspecto "es muy pobre". "Es una ley, la autonómica, que tiene partes que están muy bien, pero no es hoy un ejemplo", subrayó.

Contrapuso aquí que "la estatal se podrá mejorar, pero tiene muy pocas cosas que mejorar". "Lo que falta por mejorar tiene que ver con como cambiemos la sociedad", expuso al tiempo que afirmó que "tanto las mujeres para no asumir con facilidad el ser víctimas como por esa situación de necesidad de ejercer el dominio sobre otra persona igual en derechos". "El marco adecuado es esta ley", concluyó.

Sobre las críticas recordó que "las amenazas son consideradas siempre delito desde el punto de vista policial, pero otra cosa es la vía judicial, que es quien dice si esa amenaza es delito o falta". Aquí argumentó que para una víctima no hay amenazas suaves. Subrayó que la norma ha tenido "críticas injustas, pero es un marco ejemplar para la Comunidad Europea".

"Se echa en falta que el Gobierno de Canarias tenga una posición más potente en acciones para erradicar la violencia de género", repitió Guerra que cuando fallece una mujer "sólo hay que lamentar y trabajar para que no vuelva a ocurrir". Admitió que hay casos en los que una orden de alejamiento no se pueden controlar porque "depende del ánimo de perseguir a una mujer y saltársela" de los hombres.

La socialista explicó que el Ministerio ha puesto todas las pulseras para controlar a los maltratadores que hagan falta, "pero es un elemento de protección que depende del órgano juzgador". Expuso que la policía o las víctimas las pueden sugerir pero detalló que "en última instancia es el auto dónde aparece esta medida".

Por último se refirió al juez de Familia Francisco Serrano del que dijo que prefiere no conocer. Serrano acudió hace unas semanas a la isla de Tenerife donde defendió que "en este país los jueces que han hecho críticas a lo políticamente correcto tienen expedientes disciplinarios abiertos".

Guerra aseguró que Serrano "tiene una responsabilidad grande, igual que todas las personas que justifican de alguna manera el ejercicio de la violencia pasándole la responsabilidad a la víctima". "Como persona y como profesional encargado de impartir justicia", insistió.

Por último dijo la diputado que "no puede tener una subvención de una entidad publica porque iríamos en contra de luchar contra la violencia". "Es un irresponsable", sentenció.