La Plataforma en defensa do sistema público galego de servizos sociais se ha concentrado "simbólicamente" para denunciar el "incumplimiento sistemático" de la Ley de servicios sociales por parte de la Xunta, a la que ha acusado de provocar una "confusión interesada" entre este ente —creado en la anterior legislatura por el Gobierno bipartito— y la Axencia Galega dos Servizos Sociais —que pretende constituir el nuevo Ejecutivo autonómico—.

Ante la asamblea del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e do Benestar, que ha aprobado este viernes —con 505 votos a favor, 116 en contra y 4 nulos— la disolución del mismo, el portavoz de la plataforma, Miguel Fernández, ha criticado que la Xunta "venda" que la agencia "va a cubrir" las funciones del consorcio, cuando "son dos cuestiones completamente diferentes" y la legislación gallega "lo que exige" es que existan ambos organismos.

El primero, según ha indicado, "permite" que servicios sociales "nuevos" lleguen a municipios con un número reducido de habitantes —que "antes" carecían de ellos— a través de las Oficinas de Igualdade e Benestar. Sin embargo, estos centros "están siendo desmantelados", ha alertado. Por su parte, la agencia debe cubrir servicios "de ámbito autonómico", ha confrontado Fernández.

"Asistimos a una interesada confusión entre lo que es el consorcio y lo que debe ser la agencia", ha advertido, para recalcar que el primero es un órgano de "colaboración interadministrativa" que abarca una serie de servicios sociales "comunitarios" y de competencia municipal.

La xunta y la fegamp,

"sin competencias"

Por ello, ha aclarado, no pueden ser asumidos "en ningún momento ni por la Xunta de Galicia ni por la Fegamp" —Federación Galega de Municipios e Provincias—, ya que esta última "no es competente en este ámbito". "Es cada ayuntamiento el que está representado en el consorcio de forma individual", ha subrayado.

Tras una pancarta con el lema 'Por uns servizos sociais públicos e de calidade' —'Por unos servicios sociales públicos y de calidad'—, y junto a una veintena de compañeros, Fernández ha interpretado que la disolución del consorcio "es un paso más" en el "desmantelamiento" y la "privatización" de los servicios sociales que atribuye a la Xunta.

Por último, ha señalado que unos 40 ayuntamientos de Galicia están integrados en la plataforma, por lo que "no están de acuerdo" con la disolución aprobada y, en consecuencia, han dejado constancia de ello en sus intervenciones durante la asamblea.