La Asamblea del Consorcio Galego dos Servizos Sociais ha acordado este viernes, con el 80 por ciento de los votos, la disolución del ente para su integración en la futura Axencia Galega dos Servizos Sociais, que se encargará de gestionar tanto los centros infantiles y de mayores dependientes hasta ahora del Consorcio como los responsabilidad de la Dirección Xeral de Familia.

Los miembros de la Asamblea se han reunido desde las 12.00 horas de esta mañana en el Palacio de Congresos de Santiago para debatir, como punto único, la disolución del Consorcio para su integración en la Axencia.

Así, tras dos horas de debate, la votación ha comenzado sobre las 14.00 horas y ha arrojado como resultado un mayoritario apoyo a la disolución del ente. En concreto, han votado a favor de esta opción 505 personas y en contra 116, mientras que cuatro votos han resultado nulos.

Participantes en la Asamblea han explicado a Europa Press que tanto el debate como la votación ha sido "muy movida", sobre todo en las intervenciones de los representantes pertenecientes a PSdeG y BNG, que se han opuesto firmemente a esta disolución que, finalmente, ha sido aprobada. CONSORCIO

El Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar fue creado como ente autónomo por la Vicepresidencia de la Xunta durante la etapa del Gobierno bipartito para gestionar parte de los servicios sociales prestados por la Administración de forma local en lo relativo a centros de mayores y escuelas infantiles. En concreto, en la actualidad integraban este ente 267 ayuntamientos gallegos y cuatro mancomunidades.

Entre sus funciones estaba la gestión de la Red Pública de Centros de Atención a la Tercera Edad y a la Dependencia y del programa Xantar na Casa, además de la colaboración con Xuventude en el asesoramiento en Centros Quérote. Asimismo, el Consorcio era el organismo gestor de la Rede Galega de Escolas Infantís.

Sin embargo, desde su constitución el Consorcio ha generado muchas críticas. En concreto, la oposición durante el bipartito —el PPdeG— acusó a la Vicepresidencia de la Xunta, liderada por el nacionalista Anxo Quintana, de haber creado un "chiringuito" para "colocar" a simpatizantes y, a lo largo de su funcionamiento ha recibido críticas en lo relativo a la transparencia en su gestión así como las pruebas de acceso mediante las cuales fueron contratados sus trabajadores.

En concreto, el propio Consello Consultivo autorizó en abril de este año a la Xunta a anular las bases de la última y controvertida convocatoria de empleo público del Consorcio, realizada poco antes de las elecciones autonómicas de 2009 y con la que se consolidaron 336 puestos de trabajo temporales en los servicios sociales, las antiguas galescolas y los centros de atención a mayores. AXENCIA

Paralelamente, y desde la entrada del actual Gobierno, los trabajadores de las Oficinas I+B (Igualdade+Benestar), dependientes también de este organismo, mantienen una pugna con la Consellería de Traballo para reclamar que se mantenga este servicio y se consoliden sus puestos de trabajo, tras el cierre de algunas actuaciones y el despido de más de 60 empleados.

Asimismo, la Consellería de Traballo, liderada por Beatriz Mato, achacó a la fórmula creada por el Consorcio una "duplicidad" en las actuaciones de la propia Xunta, dado que, si bien este ente gestiona parte de los servicios sociales, otra parte significativa es coordinada desde la Dirección Xeral de Familia e Benestar.

Para tratar de solventar esta situación, la Xunta decidió el pasado mes de mayo la creación de una Axencia Galega dos Servizos Sociais que será, de ahora en adelante, la encargada de gestionar todos los servicios sociales autonómicos repartidos entre el Cosorcio y la Dirección Xeral.

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