Una auditoría técnica sobre las obras de las dos autovías de Ibiza ha revelado que estas actuaciones se presupuestaron en el convenio de Carreteras en 8,33 millones de euros, aunque tuvieron un coste real de más de 150 millones, a la vez que ha determinado que el anterior Govern del PP "no era competente para ejecutar ninguna las dos infraestructuras" en el momento de su encargo.

Así lo ha informado este viernes el conseller de Vivienda y Obras Públicas, Jaume Carbonero, en la rueda de prensa que se celebra cada semana para dar parte de los acuerdos alcanzados en el Consell de Govern y en la que estuvo por la portavoz del Ejecutivo balear, Joana Barceló.

Las dos infraestructuras auditadas han sido el nuevo acceso al Aeropuerto y el desdoblamiento de la carretera de Ibiza a Sant Antoni, sobre las que se ha emitido toda una serie de informes sobre los proyectos, las expropiaciones que se realizaron, las licitaciones, las obras y el impacto ambiental.

Respecto a los resultados de la misma, Carbonero ha destacado el elevado coste que alcanzaron ambas actuaciones que se excedió de manera considerable respecto a lo presupuestado en el Convenio de Carreteras firmado con el Estado en 1998 y 2004, así como que el Govern no era competente para llevarlas a cabo en el momento en el que se encargaron puesto que las competencias en Carreteras ya se habían traspasado para aquel entonces a los Consells Insulares. De esta manera, el conseller ha afirmado que se incumplió la Lei 16/2001 de transferencias de las competencias de carreteras a los Consells Insulares.

Asimismo, ha asegurado que el proyecto de estas obras no sólo no contó con el informe favorable de la Dirección General de Recursos Hídricos, sino que incluso se había emitido uno desfavorable.

Además, Carbonero ha señalado que el proyecto inicial de estas obras sufrió modificaciones considerables durante el proceso de ejecución, como por ejemplo el cambio de tipo de drenaje, que habrían precisado volver a pasar por trámites como el de información pública o un informe de impacto ambiental.

Los resultados de la auditoría arrojan además la conclusión de que en ninguna de las dos obras, los pliegos de cláusulas administrativas particulares incluían la obligación a la empresa concesionaria de destinar el 1 por ciento cultural, por lo que se incumplió la Ley de Patrimonio Histórico de Baleares. Carbonero ha añadido que, además, el concurso tendría que haberse declarado desierto dado que ninguna de las empresas aspirantes a ser adjudicatarias cumplía con todos los requisitos marcados en el pliego de la convocatoria.

Carbonero ha informado de que, a pesar de que las obras de desdoblamiento de la carretera de Ibiza a Sant Antoni se presupuestaron en 4,7 millones de euros, finalmente el contrato que se licitó fue por 93,21 millones. El conseller ha dicho también que únicamente se ha creado una instalación encargada de contabilizar la cantidad de coches que utiliza esta infraestructura, cuando el proyecto estipulaba que serían trece. Esta autovía es de peaje a la sombra, por lo que este dato resulta relevante para establecer lo que se tiene que pagar cada año a la empresa explotadora.

Por lo que respecta a las obras del nuevo acceso al Aeropuerto de Ibiza, se acordó con el Ministerio de Fomento una actuación de 3,63 millones que finalmente costó 66,36 millones, a los que habrá que añadir una cantidad adicional de 4,5 millones de euros para realizar las obras de drenaje. Así, Carbonero ha puntualizado que este proyecto preveía un coste de operación y mantenimiento sería de 165.000 euros al año y por kilómetro, una cantidad que los auditores han considerado "muy elevada" y que triplica el coste de este tipo de obras, y que incluye una partida de 61.420 euros por tres máquinas quita-nieves que "no se han encontrado en la instalación".

El conseller ha informado también de que las tierras que se extrajeron para soterrar la carretera se depositaron en unos terrenos cercanos y no donde en unas canteras acondicionadas, tal y como preveía el proyecto. La empresa concesionaria ya ha sido informada por parte del Govern de su obligación de retirar estas tierras. En caso contrario, la Conselleria se encargará de hacerlo con cargo a la fianza que en su día depositó la adjudicataria.

En opinión del titular de carreteras, los resultados de la auditoría concretan dos aspectos "comunes" con la acción política del anterior Govern 'popular': "el derroche del dinero público" y "las irregularidades administrativas y jurídicas". Por ello, ha informado de que estos informes se han puesto a disposición de los servicios jurídicos de la comunidad, que determinarán las medidas a emprender. En cualquier caso, ha precisado que las medidas que se puedan tomar de manera directa, como la retirada de la tierra mal depositada, se realizarán inmediatamente.