El sindicato CCOO de Madrid estudia presentar un recurso contra los servicios mínimos de la huelga del metro que incluya una denuncia por prevaricación contra la presidenta, Esperanza Aguirre, y su consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, como responsables de haber dictado unos "servicios mínimos ilegales a sabiendas de que lo son".

Así lo ha anunciado este viernes su secretario general, Javier López, que ha advertido de que, "algunos se han visto sentados en el banquillo por menos, acusados también de prevaricación". López ha argumentado que las autoridades regionales que han dictado unos servicios mínimos del 50% lo han hecho con "mala fe" y "a sabiendas de que son ilegales", ya que esos mismos servicios han sido anulados "de forma reiterada" en ocasiones anteriores por los tribunales.

"Estamos estudiando presentar un recurso del más alto nivel, planteando claramente que no se pueden establecer servicios mínimos sabiendo que te han declarado reiteradamente ilegales esos mismos servicios. Cuando una Administración actúa de mala fe a sabiendas de que lo que está haciendo no es legal, porque se le ha dicho muchas veces por los tribunales que no es legal, puede ser presunta prevaricación", ha afirmado.

Asimismo, López ha calificado de "fascista" y "hitleriano" el discurso de Esperanza Aguirre de que hay que bajar el sueldo a los trabajadores de Metro porque tienen "empleo fijo" y ha abogado por pedir una "amnistía" para los empleados que han incumplido los servicios mínimos, en lugar de la que van a recibir "los 3.000 defraudadores a los que han pillado con dinero en Suiza".

Apoyo judicial

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha insistido en que los servicios mínimos fijados en un 50% "no vulneran el derecho a la huelga de los trabajadores", como ha recogido ya, recuerdan, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Fuentes de la Consejería de Transportes e Infraestructuras se refieren, en concreto, a la sentencia número 147/2010, en respuesta a los servicios mínimos que se fijaron para la huelga que se convocó en el proceso de negociación del convenio colectivo de 2009 y que finalmente no se llevó a cabo. En dicha sentencia, la sección entiende que el funcionamiento del 50% de los trenes que habrían de prestar servicio normalmente y en consecuencia el número de conductores designados para ello "no aparece como excesivo ni limitador del derecho de huelga de la parte actora".