El Partido Popular de Aragón está dispuesto a acudir a la vía judicial para conseguir la documentación contable de las obras de construcción del Palacio de Congresos de la Expo, situado en el recinto de Ranillas, en la ciudad de Zaragoza, y cuyo coste final se situó en 90 millones de euros en lugar de los 45 presupuestados inicialmente.

En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Popular de las Cortes de Aragón, Eloy Suárez, ha dado al consejero de Economía del Ejecutivo autónomo, Alberto Larraz, un plazo de 31 días, hasta que concluya el presente mes de julio, para que entregue en sede parlamentaria esta documentación.

Eloy Suárez ha indicado que el PP recurrirá a cualquier instancia judicial para conseguir esta documentación e insistió en pedir al presidente del Parlamento autónomo, Francisco Pina, el amparo para que interceda ante el Ejecutivo regional en este asunto.

El dirigente del PP ha añadido que, asimismo, ha solicitado la comparecencia en el Parlamento aragonés de Alberto Larraz para dialogar sobre el tema, en especial sobre la supuesta confidencialidad de la documentación contable del Palacio de Congresos Expo, lo cual ha dejado "descolocados" a los diputados del PP, dijo.

Eloy Suárez ha recordado cómo el PP ya solicitó copia del expediente del Palacio de Congresos Expo días atrás y el Departamento de Economía entregó una pequeña parte de la copia, impidiendo realizar copias o retirar los documentos de la sede del Departamento. "La tomadura de pelo es descomunal", sentenció Suárez.

"A estas alturas mucha gente se está preguntanto por qué Larraz se ha enrocado", prosiguió Eloy Suárez, quien exigió al consejero "que ponga encima de la mesa la documentación"

El portavoz del PP-Aragón ha aprovechado para criticar al Gobierno aragonés, que preside el socialista Marcelino Iglesias, para afirmar que "se ha gastado lo que había y lo que no había" y recordó que sigue pendiente el pago de 3.000 millones de euros del Plan de Depuración.

Suárez ha señalado que, en 2008, cuando el Ejecutivo regional no reconocía aún la existencia de la crisis, "se presupuestaron cantidades que se sabía que no se iban a recaudar", de tal manera que "unos han gastado y otros tendrán que devolver. Esta actitud responde a "una política de tierra quemada".