"Qué puedo perder ya, si me han quitado lo más grande que puede perder una madre, a mi hija". Son palabras de María Salmerón, una sevillana que presentó en 2000 una demanda de separación contra su marido y padre de su hija, alegando maltrato. Ahí comenzó su calvario judicial que ya dura 10 años.

Su caso lo llevó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Dos Hermanas (Sevilla). Su titular no reconoció que hubiese violencia, dictó sentencia e impuso un régimen de visitas de la menor. Su ex marido debía organizarlas. Ésta se realizaban en un punto de encuentro, pero "se retrasaba continuamente en la entrega de los cuadrantes en el juzgado", de modo que "yo no sabía cuando le tocaba ver a la niña", recordó.

Su ex pareja la denunció por incumplimiento del acuerdo de visitas. En 2009, María perdió la custodia de la menor (de 10 años), que desde entonces vive con su padre, a pesar de que el Tribunal Supremo lo condenó por maltratar a María a un año y nueve meses. Manuel Martos, su abogado, recordó este miércoles que el Código Civil no permite que se entregue la custodia de menores a "maltratadores", por lo que mantiene que esta decisión judicial se debió a la "mala interpretación" de la legislación: se interpretó que se podía entregar la niña a su padre, ya que "el maltrato no se produjo sobre ella".

"Amenazada por su padre"

Según María, su hija habla cada vez menos, porque "piensa que estoy en peligro y por temor a las consecuencias: me dice que su padre la tiene amenazada para que no me cuente nada". El abogado que la defiende entiende que lo que se ha producido en este caso es un "error judicial" y pide la revisión del caso. Está analizando la posibilidad de emprender acciones legales contra la Administración de Justicia para reclamar daños y perjuicios.

Cuatro horas

Actualmente, María sólo puede ver a su hija cuatro horas a la semana y fines de semana alterno, pero va a seguir luchando por recuperar su custodia. Su ex pareja la ha denunciando durante estos años por multitud de asuntos: la ha acusado de sufrir trastorno bipolar, de ejercer sobre su hija el denominado Síndrome de Alineación Parental y de no hacer frente a la pensión de manutención que le impuso el juzgado: 360 euros mensuales.

"No tengo medios. Estoy embargada y arruinada por todos los procedimientos judiciales», alega. Además, no entiende como debe abonar casi 400 euros, cuando a su ex marido sólo le impusieron 315 euros, "cobrando el triple" que ella. "No puedo creer lo que me está pasando por denunciar maltrato", añade.