La ONG Greenpeace ha advertido a Iberdrola de que "se equivoca de objetivo" al solicitar nueve meses de prisión y 18.000 euros a cada uno de los diez activistas imputados por defender el clima con una acción de protesta en la torre de la central térmica de Pasaia en 2007.

En un comunicado, el presidente de Greenpeace, Juan López de Uralde, ha considerado que "mostrando su mano dura contra los ecologistas, Iberdrola se equivoca de objetivo y olvida que en materia de cambio climático el enemigo lo tiene en casa, las centrales térmicas de carbón".

López de Uralde ha recordado que mañana se celebrará el juicio por la acción que Greenpeace realizó en la central térmica de Pasaia en 2007, después de que el Gobierno central hubiera otorgado derechos de emisión "gratuitos" a esta instalación, "pese a que varios poderes públicos e instituciones habían pedido reiteradamente su cierre".

El activista ha afirmado que esta acción "pacífica" cuestionó la imagen "verde" que Iberdrola exhibe "al evidenciar que, mientras la compañía se presenta como líder en energías renovables, se enriquece quemando carbón en instalaciones que funcionan de forma irregular, como la central de Pasaia".

Sin embargo, ha lamentado que Iberdrola "no solo no asumió el compromiso de cerrar la central de Pasaia ni de intentar legalizarla mediante un procedimiento exhaustivo, sino que inició acciones legales contra los diez activistas de Greenpeace".

En este sentido, ha señalado que la compañía pide para cada activista una pena de 3.600 euros por usurpación de bien inmueble, 14.400 euros por coacciones, nueve meses de prisión por desobediencia a agentes de la autoridad, nueve días de trabajo en beneficio de la comunidad por falta de deslucimiento de bien inmueble, y, además, solicita al Juzgado de Instrucción 5 de San Sebastián que Greenpeace le indemnice con más de 5.000 euros.

A juicio de López de Uralde, la "actitud beligerante" de Iberdrola contra los ecologistas "evidencia que el verdadero interés de la compañía no es luchar contra el cambio climático e impulsar las energías limpias, sino mantener un status quo que les permita seguir lucrándose con la quema de carbón en instalaciones de dudosa legalidad".