El portavoz parlamentario del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, entendió hoy que la actuación judicial anunciada ayer por el PP por el caso de la supuesta trama agraria viene a confirmar su "descarnada retirada del asunto", después de que "el soufflé" de estas acusaciones se le viniera "abajo".

"Empezó denunciando una supuesta trama de financiación ilegal que iba a remover los cimientos del PSdeG", recordó, para subrayar que todo acaba con "una confusa ampliación de diligencias" y con la petición de que comparezcan como testigos el actual secretario de Organización del PSdeG y senador, Pablo García, en calidad de ex responsable de Organización en Unións Agrarias, y el ahora líder del PSOE en Lugo, Ricado Varela, como ex conselleiro de Traballo.

Para reforzar su predicción, alegó que su homólogo en el Grupo Popular, Manuel Ruiz Rivas, "dijo que no creía que hubiera nada de carácter judicial" en la concesión de subvenciones. Esta afirmación, a su juicio, "quita la tierra bajo los pies" del portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, quien queda "desnudo en su confrontación con el PSdeG".

Además, el dirigente socialista indicó que "las únicas querellas" presentadas por el momento en relación a este asunto son las presentadas por Pablo García y Ricardo Varela —que se autodenunció— "en defensa de su honor". Contrapuso este proceder con el del PPdeG, que utiliza "su poder político para perseguir a un sindicato".

"estrategia de acoso"

Por último, Leiceaga consideró "desproporcionado" las inspecciones que la Xunta está llevando a cabo sobre UU.AA. —que acumula tres rondas—, dado que "no se compadecen con la escasa gravedad del asunto".

Tampoco se corresponde, según su criterio, con el control sobre la concesión de subvenciones, ya que el último informe del Consello de Contas revela "gravísimas irregularidades" en la gestión de las ayudas por parte de "determinadas cofradías", y el Gobierno gallego no inició ninguna actuación de control.

A la vista de esta situación, el dirigente socialista se mostró a favor de que se lleven a cabo actuaciones de control sobre el destino de los fondos públicos, pero rechazó las prácticas puestas en marcha por el actual Ejecutivo autonómico "en una sociedad democrática, madura y moderna" como la gallega.