El portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, proclamó hoy, tras presentar la ampliación de la querella sobre la base del caso de la agente electoral, que "llegó el momento" de que el ex dirigente de UU.AA. y secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, y el ex conselleiro de Traballo Ricardo Varela aclaren ante la Justicia "qué saben" de la supuesta trama agraria.

A las puertas del Juzgado de Corcubión, el popular indicó que ahora será la Justicia la que determine "el grado de implicación" de ambos en la "trama agraria del PSOE" que, según denunció su formación, "pudo haber sacado por la puerta de atrás de la Xunta" casi dos millones de euros a través de subvenciones a una treintena de asociaciones "fantasma".

Tras presentar la ampliación de la querella, Rodríguez Miranda se reafirmó en que "donde antes había un caso aislado por el que se imputó a un alcalde —en referencia al regidor de Muxía, Félix Porto—, ahora hay 160 y un supuesto fraude que asciende a casi dos millones".

Así, recordó que los populares demandaron al PSdeG que explicase "los pormenores de la trama socialista" que, insistió, puso "en manos de una red fantasma de asociaciones" casi dos millones de euros a través de 160 contratos que presentan "indicios de fraude" y añadió que los "cerebros de la trama" —por García y Varela— se negaron "a aclarar un caso en el que hay una presunta malversación de fondos, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública.

En la línea, resaltó que su partido lleva "más de un mes" pidiendo "explicaciones y declaraciones" a los miembros del PSdeG sobre "la finalidad" que tenían cuando constituyeron "este entramado asociativa". "Tras obtener sólo explicaciones vagas y confusas, llega el momento de pedir que sea la Justicia quien aclare el caso", concluyó.

Ampliación de la querella

El PPdeG anunció ayer su intención de presentar una ampliación de la querella que dio lugar, en 2008, a la apertura de la causa de la agente electoral, para que se investigue la "trama agraria" que imputan al PSdeG.

Durante las últimas semanas, la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo denunció que las 30 asociaciones "fantasma" que, según su versión, conforman la "trama agraria", percibieron ayudas públicas para 160 contratos subvencionados entre los años 2006 y 2008 por un importe próximo a los 2 millones de euros, cuyo uso y destino pone en duda.

Los populares denunciaron que las notificaciones bancarias de las asociaciones eran enviadas a la sede central de UU.AA. y que las cuentas de 15 de éstas se abrieron de forma consecutiva. El pasado lunes aseguraron también tener pruebas de que trabajadores recogían certificados postales en sedes de UU.AA. "a kilómetros de distancia" de la asociación en la que "debían" ejercer sus funciones.

En base a estos nuevos datos, han decidido ampliar la querella —manteniendo los "posibles delitos contra la Hacienda Pública y fraude en subvenciones, malversación, tráfico de influencias y fraudes y exacciones legales"— y pedirán que se soliciten como pruebas los extractos bancarios de las cuentas del sindicato y de las asociaciones para analizar los movimientos efectuados y determinar, al tiempo, "qué gastos" efectuó la organización "con dinero conseguido por su red de asociaciones".

Nuevas pruebas testificales

Además, ahora, el PPdeG "pide nuevas pruebas testificales", una vez "acreditado que la red estaba centralizada en Santiago, en la sede del sindicato que dirigía Pablo García, y teniendo en cuenta que el presidente de la asociación que contrató a la agente electoral señaló al también senador socialista como el hombre encargado de seleccionar y distribuir a los trabajadores que contrataba el bipartito".

Los populares insisten en que Varela y García declaren "en calidad de testigos" porque así están "obligados a responder a todas y cada una de las preguntas que le sean formuladas en el juicio, así como a decir toda la verdad so pena de ser procesados por falso testimonio".