El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha propuesto que la bajada del sueldo de los empleados públicos, como medida para reducir el déficit del Estado ante la crisis económica, sea "transitoria", de forma que el Ejecutivo autónomo y las Cortes de Aragón lleguen a un acuerdo para que "tan pronto como las condiciones económicas lo permitan los funcionarios recuperen la pérdida del poder adquisitivo".

El Justicia se ha pronunciado así en el pleno de las Cortes de Aragón, donde ha comparecido este miércoles para presentar el informe anual de la actividad de esta Institución de 2009.

En la sesión, ha comentado que "no es solución para resolver los problemas de la Administración bajar los sueldos de los funcionarios" y ha argumentado que "una cosa es ser solidario" para atender a aquellos que no tienen nada y otra serlo para desarrollar proyectos que puede ser "más o menos necesarios y discutibles".

Fernando García Vicente ha planteado otras medidas para que la Administración "suponga una carga menor que la actual", como "más movilidad" de los funcionarios, cambiando de sección si en un momento determinado hace falta apoyar más un área que otra, y la modificación de la "rigidez" del sistema de categorías profesionales de la Administración, en colaboración con los sindicatos, para que "sean más eficaces".

Además, "en algunos casos, a lo mejor hay que reducir una Administración", para "evitar solapamientos" entre instituciones y "duplicidad de servicios, que hay; nosotros las vemos", así como "mejorar el control". En este sentido, ha felicitado a las Cortes de Aragón por haber alcanzando un acuerdo para el nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas de Aragón, que este jueves tomarán posesión.

También ha pedido "apoyo", especialmente en los ayuntamientos más pequeños, para los secretarios e interventores, que son la "referencia de legalidad, control y confianza de los ciudadanos" y ha solicitado a estos profesionales "que actúen con rigor y se fijen en las cosas importantes".

El Justicia de Aragón ha añadido que para salir de la crisis económica "es fundamental generar seguridad y confianza" y "todo lo que hagamos para dar la sensación de que somos una Comunidad autónoma seria, rigurosa, que toma las decisiones de forma racional, puede contribuir más para que salgamos de esto".

Reflejo de la crisis en su actividad

Fernando García Vicente ha relatado cómo se ha reflejado la crisis en las quejas presentadas en esta Institución o en la petición de información, centrada esta última en personas que no puede hacer frente al pago de la hipoteca de su vivienda, y que ha agrupado en trabajadores de la construcción que están en paro, parejas uno de cuyos miembros está en paro, extranjeros en situación legal y sin trabajo ni apoyo familiar, y pequeños empresarios "que no pueden sacar adelante su negocio".

A este respecto, ha reclamado "cambiar las leyes y cambiar la mentalidad de los que la aplican", con "más flexibilidad", de forma que se puedan "agilizar los trámites" para que el pago de una vivienda "sea una carga".

El Justicia ha hecho referencia a otros asuntos que han sido objeto de quejas y recomendación por parte de esta Institución, como el incremento de "conflicto" entre los usuarios de la bicicleta y los peatones; la falta plazas públicas de guardería, "con una deficiencia importante" en la ciudad de Zaragoza; y la "insuficiencia" de plazas médicas en Aragón, con "dificultades" para la contratación de médicos de atención primaria y de especialistas en el medio rural.

Además, ha mencionado las listas de espera en el servicio de atención a domicilio de la ciudad de Zaragoza y el "retraso" en los trámites para aplicar la ley de la Dependencia, con 12 casos que han cobrado después de haber fallecido la persona dependiente.

En materia de comunicación, ha comentado, por un lado, las quejas por el "elevado" precio del Ave a Madrid y Barcelona, frente a lo que ha propuesto poner en marcha, al menos, un tren al día a ambas ciudades con "precio razonable", y por otro, los problemas de seguridad de las carreteras nacionales N-232 y N-II a su paso por Aragón, que ha estimado que se deben tener en cuenta a la hora de "establecer recortes".

Por otra parte, ha reconocido que no ha realizado un informe sobre el trasvase de agua del Ebro a cuatro municipios catalanes parte de cuyo término municipal no está dentro de la cuenca porque era "poca cantidad", si bien ha señalado que es un "precedente" y "no me gusta mucho" puesto que "soy partidario del principio de unidad de cuenca", recogido, entre otros lugares, en el Estatuto de Autonomía de Aragón.

Fernando García Vicente ha recordado que en 2009 se tramitaron 2.089 quejas, un 4,3 por ciento más que el año anterior, para agregar que en los doce años que lleva al frente de la Institución se "ha doblado la actividad" y han contribuido a resolver 100.000 casos de problemas ciudadanos.

Por lo que se refiere a 2009, el Justicia formuló 289 resoluciones a la Administración, de las que el 65 por ciento fueron aceptadas, el diez por ciento rechazadas y el siete por ciento archivadas por falta de respuesta. De estas últimas, ha apuntado, la mayoría corresponden al área de Urbanismo.

"no escucha"

La diputada del Partido Popular (PP), María Antonia Avilés, ha lamentado que haya quejas que se repitan cada año porque la Administración "no escucha" y "no sólo no responde a los grupos de la oposición, sino que hay recomendaciones del Justicia que no atiende" en materias como dependencia, asistencia sanitaria, escolarización, abastecimiento de agua potable, justicia y protección a los menores.

El diputado de Chunta Aragonesista CHA), Bizén Fuster, ha valorado la "calidad" del trabajo del Justicia, que en 2009 ha experimentado a través de las quejas el "gran impacto social de la crisis" y ha señalado que todavía hay "demasiado porcentaje" de requerimientos sin respuesta, "especialmente en ayuntamientos y en materia de urbanismo".

El diputado de Izquierda Unida (IU), Adolfo Barrena, ha opinado que "es normal que se haya notado un aumento de consultas por temas relacionados con la crisis", aunque "no ha habido ninguna entidad bancaria, ni empresarios de los grandes" que hayan acudido al Justicia porque "siempre son los mismos sectores de población los que tienen problemas" y ha apostado por una "fiscalidad progresiva", para agregar que "nunca habría que tocar los salarios de nadie".

Los grupos que sostienen al Gobierno de Aragón, Partido Socialista (PSOE) y Partido Aragonés (PAR), han recalcado el papel del Justiciazgo como cauce para dar "voz y solución" a los problemas de los ciudadanos. La diputada del PSOE, Ana Cristina Vera, ha comentado que, en un momento de crisis, la Administración "debe priorizar sus recursos para que los ciudadanos tengan los servicios que necesitan".

La diputada del PAR, Ana de Salas, ha remarcado que las resoluciones del Justicia "son aceptadas en su mayor parte por la Administración, fundamentalmente por el Gobierno de Aragón", contribuyendo "a mejorar el servicio público a los ciudadanos, y ha indicado que el Ejecutivo "ya está trabajando" ante los "nuevos problemas" en materia de vivienda.