La diputada del PP Isabel Urrutia acusó hoy al Gobierno regional de "privatizar" la gestión y mantenimiento de varios planes hidráulicos y de la Autovía del Agua, una actuación que negó el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, quien rechazó que se trate de una privatización y explicó que lo que se pretende es ganar en "eficiencia" y "ahorro".

Las acusaciones del Partido Popular se refieren en concreto a los trabajos de explotación, gestión y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento en alta correspondientes a los planes hidráulicos de Agüera, Deva, Medio Saja, Cabarga Norte y la Autovía del Agua.

Según explicó Urrutia al interpelar al consejero en el Parlamento regional, el Gobierno encomendó esos trabajos a MARE y la empresa pública ha convocado un concurso para contratar una empresa privada que se haga cargo de ellos. Para la diputada, esto supone una "privatización" que tendrá "un perjuicio económico" para los cántabros de al menos 500.000 euros y en la que "el interés público no aparece por ningún sitio".

En su opinión, este "entuerto" está "rodeado" de "muchas sospechas e incógnitas y pinta muy mal". Entre otras cosas, consideró que se intenta utilizar MARE como "oficina de empleo de amigos y familiares" que, según dijo, trabajan en las instalaciones que se van a "privatizar".

Por eso, pidió al responsable de Medio Ambiente que explique qué "intereses" hay y que aclare si es el "inicio de una privatización de todos los planes hidráulicos" que gestiona el Gobierno regional.

El consejero, sin embargo, negó que se esté "privatizando nada" y, en todo caso, no entiende que la diputada del PP intente "demonizar" ese concepto, porque no puede ser que su partido "privatice" la sanidad en Madrid y en Cantabria diga que eso es "malo".

Martín explicó que lo que se ha hecho es encomendar la gestión a MARE, una fórmula que no ha "inventado" este Gobierno y que ya aplicaba el Ejecutivo anterior, del PP, para algunos planes hidráulicos. Con ello, destacó que se busca "eficiencia", "ahorro" y la participación del sector privado en la financiación de infraestructuras hidráulicas. Además, dejó claro que sólo se aplica para las nuevas plantas.

El consejero recalcó que hay diferentes fórmulas de gestión y, en este sentido, contrapuso la opción adoptada por el Gobierno, con la del Ayuntamiento de Santander, dos modelos "perfectamente lícitos".

Así, señaló que el Ejecutivo regional opta por una encomienda de un año prorrogable, sin transferir "ni un solo trabajador" a la empresa privada, mientras el Consistorio optó por una privatización por 25 años y transfirió 130 trabajadores.