Según el portavoz de IU en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda del Parlamento andaluz, Ignacio García, esta "subida encubierta" de la renta está siendo aplicada por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) en localidades como Ronda (Málaga) o Arcos de la Frontera (Cádiz), en concreto en la barriada de Juan Carlos I.

García explicó a Europa Press que estas rentas, "que en algunos casos se vienen pagando desde hace 25 años", ya han sufrido las revisiones anuales correspondientes a la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC), mientras que este último incremento "se basa en un decreto aprobado por la Junta en 1990 que no ha sido aplicado hasta ahora".

El parlamentario de IULV-CA, que ha consultado con expertos en la materia que consideran "más que discutible" que la subida del IBI pueda repercutir sobre la renta pactada con anterioridad, consideró "inadmisible que en época de crisis la Junta pretenda recaudar más de las familias con más dificultades, muchas de ellas afectadas por el desempleo, cuando se trata de familias a las que habría que ayudar por su precaria situación económica".

Por último, García censuró el hecho de que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, no hablase sobre este asunto durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad y prefiriese "ocultarlo al Parlamento", actitud que calificó como "un indicio de su escasa seriedad y respeto a la Cámara y al pueblo andaluz".