El Gobierno exime a Ceuta y a Melilla de someterse al veto al endeudamiento impuesto a las entidades locales

El Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido hacer una interpretación "favorable" a las tesis defendidas por el Ejecutivo ceutí que dirige Juan Vivas (PP) y eximir a las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, del veto al endeudamiento a corto y largo plazo impuesto a las entidades locales en el Real Decreto-ley 8/2010 por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Palacio de la Asamblea de Ceuta
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Palacio de la Asamblea de Ceuta

El Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido hacer una interpretación "favorable" a las tesis defendidas por el Ejecutivo ceutí que dirige Juan Vivas (PP) y eximir a las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, del veto al endeudamiento a corto y largo plazo impuesto a las entidades locales en el Real Decreto-ley 8/2010 por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

El secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, explicó hoy en declaraciones a Europa Press que hace dos semanas el Gobierno ceutí y el secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao, trasladaron al Estado su "preocupación" por la interpretación que pudiera hacerse del artículo 14 de dicha norma sobre si la ciudad debía considerarse o no entidad local y, por lo tanto, renunciar a la concertación de créditos y operaciones de Tesorería.

"El Gobierno —explicó Zarrías— entiende que el Estatuto de Autonomía de Ceuta tiene, como Ley Orgánica que es, una jerarquía normativa superior al Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros y refrendado por las Cortes, que opera como una Ley Ordinaria, por lo que la ciudad sólo deberá someterse al contenido del artículo en lo referido al uso que debe darse al ahorro que logre la Administración local".

El consejero de Hacienda de la Ciudad Autónoma, Francisco Márquez, manifestó hoy su "satisfacción" porque los "fundados argumentos" que Ceuta ha sostenido "desde el principio" en relación con la aplicación de la norma "se compartan por parte del Gobierno central".

Cuando el Consejo de Ministros aprobó el citado Decreto Márquez reconoció que Ceuta podría sufrir "graves" tensiones de Tesorería en el caso de no poder recurrir a la concertación de créditos cuya cancelación se demorase más allá del 31 de diciembre de cada ejercicio. La Ciudad pide cada año préstamos por unos 50 millones de euros con cargo a la compensación que el Estado abona a año vencido por la desviación en la recaudación del IPSI, un impuesto local análogo al IVA.

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