El Ministerio de Vivienda señaló esta semana que el Defensor del Pueblo reconoce en su informe correspondiente a 2009 los esfuerzos que ha realizado por mejorar y agilizar la gestión de la Renta Básica de Emancipación (RBE).

En un comunicado, el gabinete dirigido por Beatriz Corredor indica que el informe constata la "plena coincidencia" entre el Ministerio y el Defensor del Pueblo "en el objetivo de mejorar cada vez más la regulación legal y la gestión administrativa de las ayudas para que todos los jóvenes tengan una oportunidad real de emanciparse".

Según desvela el informe, el año pasado la oficina del Defensor del Pueblo recibió 628 quejas relativas a la RBE, de las que 56 no fueron admitidas a trámite. Entre las 572 admitidas, sólo el 29%, esto es, 166, guarda relación con el Ministerio de Vivienda, encargado de la gestión del pago. El resto versan sobre problemas que son competencia de las Comunidades Autónomas.

Por otra parte, de los 99 casos en los que hubo actuación incorrecta de alguna de las administraciones que intervienen en el proceso, sólo en dos la irregularidad es imputable al Ministerio de Vivienda. No obstante, en los 99 casos se subsanó el problema.

El informe destaca también la colaboración del Ministerio de Vivienda con la oficina del Defensor, a la que contestó casi siempre dentro de los plazos previstos. Sin embargo, señala cómo en las investigaciones desarrolladas ante las CCAA generalmente hubo de realizarse requerimientos para que se enviaran los informes necesarios.

Del mismo modo, subraya que gracias a la concertación previa alcanzada con el Ministerio, la oficina del Defensor pudo desarrollar un proceso de investigación rápido y especial -vía correo electrónico- de las quejas admitidas a trámite. Mediante este sistema, el Ministerio facilitó la información en menos de 15 días, apunta el informe.