Según un auto de la Sala, al que tuvo acceso Europa Press, el Tribunal considera que existen "al menos indicios suficientes para que la causa penal prosiga en los términos en los que está dictado el auto de continuación de procedimiento abreviado, por los hechos que en él se mencionan y contra las personas que se incluyen como imputados", entre los que se encuentran los recurrentes.

En este sentido, añade que el juez de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), Óscar Pérez, acordó la continuación de la causa "por encontrar indicios de la comisión de hechos punibles" y añade que no puede la Sala en este momento procesal "pronunciarse sobre tales cuestiones, so pena de desnaturalizar esta fase procesal y ejercitar una función de enjuiciamiento propia y exclusiva del próximo juicio oral".

No obstante, el Tribunal de apelación manifiesta en su resolución, ser "plenamente consciente de la gravedad de los delitos imputados y la trascendencia que, en caso de acreditarse, pudieran haber ocasionado al Ayuntamiento de Marbella", así como del "perjuicio que este tipo de procesos de extraordinaria influencia mediática producen de hecho en la fama, en la profesión y en el patrimonio de los imputados".

Por esto, la Sala comparte con las defensas "la conveniencia de evitar en la medida de lo posible la indeseada 'pena de banquillo'", pero apunta que "dada la naturaleza de los tipos penales, el entramado societario descrito en el auto, las relaciones económicas, familiares y personales invocadas, hacen imposible de hecho que la Sala pueda pronunciarse sobre estas cuestiones con suficiente conocimiento".

Así, se estima que no es posible que se analicen individualmente los indicios que afectan a cada imputado "pues equivaldría a la celebración anticipada del juicio oral", además de que eso sería "difícil de compaginar con el hecho objetivo de que parte de las conductas a enjuiciar pueden estar relacionadas en su conjunto o, al menos, con las de otros imputados". Además, se rechaza la nulidad, pedida por uno de los imputados, al considerar motivado el auto.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado tres años y medio de prisión y multa de 3,7 millones para la cantante, a la que acusa de un delito continuado de blanqueo en esta causa, que partió del caso 'Malaya', aunque fue separada, en la que también está acusado el que fue su pareja y ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, de los delitos de cohecho pasivo y blanqueo, por los que pide siete años y medio de cárcel y multa de 7,4 millones de euros.

En las conclusiones provisionales del fiscal, también se acusa a la ex mujer del que fuera regidor, Maite Zaldívar, de un delito de blanqueo y para la que solicita una pena de tres años y medio de cárcel y multa de 2,6 millones de euros, y al hermano de ésta.

El fiscal sostiene que en un primer momento, Muñoz "se valió de su entonces mujer, Maite Zaldívar, sus hijas y su cuñado", también acusado, aunque añade que "emplea la misma sistemática con su nueva pareja, Isabel Pantoja, escudándose en ésta para dar salida a los fondos generados y de procedencia presuntamente delictiva". Ambas, dice, "eran perfectamente conocedoras del origen ilícito de los fondos, puesto que sabían cuáles eran las fuentes de sus ingresos lícitos".

Al mismo tiempo, en el documento, ya presentado en la causa, se precisa que las dos "conocían la implicación del mismo en numerosos procedimientos penales por delitos de corrupción administrativa de contenido económico", pese a lo que "se prestaron, cada una en su momento, para servir de cobertura al ocultamiento de los bienes y el dinero adquiridos ilícitamente por Julián Muñoz".