Durante el pleno se debatieron las diez enmiendas del PP —que votó en contra de los artículos enmendados— que quedaron 'vivas' tras su paso por la Comisión de Salud y Bienestar Social, siendo rechazadas todas ellas por el PSOE.

El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, destacó que Castilla-La Mancha tiene uno de los mejores servicios sanitarios del mundo y, ante las críticas del PP, aseguró que la región cuenta más médicos por cada 1.000 habitantes que la media nacional, y más que las comunidades de Madrid, Murcia y Valencia porque, según dijo, la forma de gestionar los servicios públicos es "sólida y rigurosa" y saca mejores resultados a los recursos invertidos.

El pp hubiera hecho otra ley

Por su parte, la diputada del PP Carmen Casero, que aseguró que los 'populares' hubieran hecho otra ley, dijo que por responsabilidad han contribuido con sus enmiendas a mejorar el texto que presenta el Gobierno socialista. Asimismo, explicó que el PP ha intentado recoger los "anhelos y las carencias" que tiene la sanidad y que le han transmitido diferentes colectivos de la región.

En esta misma línea, criticó el proyecto de ley por tener carencias y ser un "copia y pega" de otras legislaciones de otras regiones que hace mucho, según recalcó, iniciaron el viaje en cuanto a los derechos de los ciudadanos. Además, reiteró que "corren malos tiempos para hablar de los derechos de los ciudadanos", poniendo como ejemplo la subida del IVA y la futura subida del recibo de la luz.

Por último, la diputada 'popular' se mostró en contra del régimen sancionador que incluye la ley al entender que la norma puede prescindir de este título ya que se incluye en la legislación estatal. En resumen, indicó que esta ley contempla "muchos huecos" y consideró que los hombres y mujeres necesitan soluciones de gobiernos "firmes", por lo que apeló a un "cambio de timón" e invitó a todos los profesionales sanitarios y al resto de población a "protagonizarlo" con el PP.

El diputado socialista y defensor del dictamen, Jesús Fernández Vaquero, defendió la norma por ampliar los derechos y establecer deberes y un marco de convivencia en el sistema sanitario. En cuanto al régimen sancionador, el portavoz socialista cree, al contrario que los 'populares', que la ley debe de ser "clara" para los jurídicos y los ciudadanos y "deben saber a qué atenerse".

En este contexto, Fernández Vaquero lamentó que después de estar más de un mes discutiendo con el objetivo de intentar mejorar el texto, se venga al pleno y "todo esto se transforma" y adquiere otra dimensión "en base a una estrategia que le marcan a ustedes". "Ustedes no tienen autonomía, a ustedes le marcan día a día la línea", inquirió a los 'populares'.

Principios generales

Entre los principios sobre los que se sustentan los derechos y deberes en la presente ley, entre otros, son la equidad en el acceso al conjunto de los servicios y profesionales sanitarios disponibles, así como a recibir la asistencia sanitaria y los cuidados más adecuados a su estado de salud, sin que pueda producirse discriminación alguna de las personas con discapacidad.

Otro de los principios que recoge la ley es la dignidad de las personas y el respeto a sus valores morales y culturales, así como a sus convicciones religiosas y filosóficas, sin que puedan ser objeto de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

El respeto a la autonomía de la voluntad del paciente, la garantía a la información y documentación clínica, la suficiencia de medios profesionales, así como las actuaciones de carácter sanitario ofrecerán siempre una atención y un trato individualizado adecuado a las condiciones personales, son otros de los principios generales de la ley.