El Pleno del Parlamento andaluz dio hoy luz verde, con los únicos votos del PSOE-A, a la convalidación del decreto-ley sobre el nuevo Programa de Transición al Empleo (Proteja) aprobado por el Gobierno andaluz y que cuenta con una dotación de 225 millones para proyectos generadores de puestos de trabajo (se prevén unos 12.000 empleos) en colaboración con las entidades locales de la comunidad autónoma. PP-A e IULV-CA se abstuvieron, mientras que el Pleno rechazó la tramitación del decreto como proyecto de ley.

El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, manifestó ante el Pleno que gracias al compromiso de todos los alcaldes andaluces, el primer Proteja ha sido todo un "éxito" y confió en que ocurra lo mismo con el nuevo. Señaló que a pesar de que hay claros indicios de recuperación económica, el crecimiento de la economía no es suficiente para absorber el empleo perdido, lo que justifica la nueva edición del Proteja. Pizarro rechazó las críticas del PP, recordándole que "en Andalucía las cosas se hacen seriamente, con responsabilidad y cumpliendo los objetivos".

Recordó que, en su primera edición, que concluye el próximo 30 de junio, el Proteja ha apoyado 2.036 proyectos, de los cuales se encuentran ejecutados o en ejecución un 98,3%. Estas actuaciones han generado 18.800 empleos directos, frente a los 14.943 previstos inicialmente, lo que supone un incremento del 25,8%.

De acuerdo con el decreto-ley convalidado, como principal novedad, el Proteja, que desde 2009 financia iniciativas para activar las economías locales, extiende ahora su ámbito de actuación para incluir no sólo contratos de obras sino también de servicios. La nueva edición amplía así el perfil de los beneficiarios, anteriormente centrado en el sector de la construcción, y da también prioridad a las necesidades de empleo de las mujeres y de los colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo.

Del presupuesto total previsto, 205 millones se destinan a las entidades locales (181 para los ayuntamientos y 24 para las diputaciones provinciales) y los 20 restantes a la formación de las personas contratadas. El nuevo Proteja primará los proyectos dirigidos a paliar los daños ocasionados por los temporales del pasado invierno en aquellas localidades donde aún existan infraestructuras afectadas. En cuanto al resto de obras, los consistorios podrán presentar, además de proyectos nuevos, otros ya programados pero no iniciados por insuficiencia financiera en ámbitos como la construcción, reconstrucción, mejora y rehabilitación de infraestructuras municipales o instalaciones públicas.

Se refuerza el objetivo de que los proyectos financiados den lugar obligatoriamente a nuevos empleos. Se establece así que al menos un 70% del coste de personal de cada iniciativa presentada deberá corresponder a puestos de trabajo de nueva creación. En el caso de las obras, esta partida de personal representará como mínimo el 60% del coste total de ejecución, con la única salvedad —siempre que se justifique— de las actuaciones relacionadas con los daños del temporal.

En relación con las personas aspirantes a ser contratadas, se otorga preferencia a quienes no reciban subsidios ni prestaciones y posean cargas familiares, con especial atención a las mujeres y a colectivos especialmente vulnerables como los parados de larga duración, los mayores de 45 años, los menores de 30 y los discapacitados.

Igualmente novedosos son los mecanismos que se introducen para garantizar el desarrollo efectivo de los proyectos respaldados. Entre ellos destaca la penalización que se impone a aquellos ayuntamientos que no hayan iniciado antes del próximo 1 de julio sus obras aprobadas correspondientes al anterior programa. En este caso, de los fondos asignados al consistorio en esta segunda edición se le detraerá la parte equivalente a las actuaciones pendientes, con independencia de las prórrogas solicitadas para acometerlas.

Con el objetivo de no perjudicar a las poblaciones de estos municipios, el dinero detraído pasará a ser gestionado por la Diputación Provincial correspondiente, que lo destinará a iniciativas a favor de los desempleados. Los 181 millones de euros consignados por el Proteja para los ayuntamientos se repartirán en un 20% atendiendo a criterios de población, mientras que el 80% restante se vinculará de manera directamente proporcional a la media del paro registrado entre los meses de mayo de 2009 y abril de 2010. En cualquier caso, se garantiza un mínimo de 12.000 euros para cada consistorio.

De acuerdo con estos criterios generales, la distribución para los ayuntamientos por provincias queda como sigue: Almería, 14,6 millones; Cádiz, 32,2 millones; Córdoba, 16,4; Granada, 19,3; Huelva, 10,8; Jaén, 11,8; Málaga, 34,8, y Sevilla, 40,8.

El nuevo Proteja establece también medidas para agilizar plazos y garantizar el inicio inmediato de las actuaciones. Como norma general, todas las obras deberán estar comenzadas en el plazo de cinco meses desde la entrada en vigor del Decreto-ley.

Una vez recibido el visto bueno a cada proyecto presentado, los ayuntamientos contarán con un mes para licitar las obras o servicios (anteriormente no se especificaba periodo sino tan sólo una fecha de justificación de los fondos). En los casos de que se incumpla este plazo o de que no se lleguen a presentar propuestas, los fondos pasarán automáticamente a ser gestionados por las correspondientes diputaciones provinciales. Para el desarrollo de los proyectos, el Decreto-ley establece un plazo máximo de ejecución de 12 meses, prorrogables por otros tres en aquellos en los que se acredite una mayor complejidad.

Pp e iu demandan más dotación económica

El parlamentario del PP José Loaiza pidió consenso entre los grupos para negociar el nuevo Proteja y preguntó "por qué se ha retrasado tanto" su puesta en marcha, al tiempo que criticó que el importe sea inferior al de la primera edición. En su opinión, las políticas que se están aplicando para crear empleo en Andalucía no son las válidas porque se siguen destruyendo puestos de trabajo.

El portavoz de IULV-CA, Diego Valderas, manifestó que al Gobierno andaluz le falta voluntad para consensuar un programa tan importante que tiene que llegar a la totalidad de los ayuntamientos andaluces. Señaló que el nuevo Proteja es "más insuficiente" que el anterior, de manera que lo calificó de "protejita" y reclamó una mejor respuesta presupuestaria. Pidió a Pizarro la retirada del plan para presentar uno nuevo sobre la base de un acuerdo en el Parlamento y con más dotación presupuestaria, demandando la tramitación como proyecto de ley.

El diputado del PSOE Ángel Gallego aseguró que el Proteja es un gran programa y defendió que no hay parangón en ninguna otra comunidad. Señaló que la convalidación política de una medida como esta es la que debe buscar la Cámara y dijo que las intervenciones de PP e IU han venido a ratificar la "bondad" del programa.