En este bloque, además de Del Valle y dos empleadas del despacho de abogados, ubicado en la localidad malagueña de Marbella, hay otros dos acusados, un matrimonio que, según el fiscal, "estaban implicados en un fraude de componentes electrónicos" en Gran Bretaña, con el que habrían obtenido un dinero, introducido en el sistema económico legal "utilizando el entramado societario dispuesto por Del Valle".

Así, el letrado explicó que el matrimonio solicitó los servicios del despacho para la adquisición de una propiedad a través de una estructura de sociedades, un trust; aunque posteriormente les manifestó que querían trasladarse a vivir permanentemente en España y tener aquí actividades comerciales, para lo que el cliente pidió una segunda sociedad, independiente de la de la vivienda.

Del Valle aseguró que el cliente no estaba interesado en no aparecer en las sociedades, sino que eso es consecuencia del sistema utilizado, ya que, por contra, sí aparece en la adquisición de la propiedad como avalista; al tiempo que apuntó que las transferencias entre las empresas las hacía siguiendo "directamente" las instrucciones del cliente.

En este sentido, cuestionado por el origen de un dinero remitido a la cuenta de una de las sociedades, Del Valle explicó que recibieron de Reino Unido información para que el banco autorizara al cliente como avalista, documentación en la que se incluía el informe de un auditor que indica que "el cliente ha vendido una propiedad y que dispone de unas 400.000 libras", según apuntó.

"Esa es la información que nosotros tenemos y cuando la recibimos, la entregamos al banco y el banco lo da por válido y nosotros también", aseveró el acusado, quien precisó que esto coincide con los fondos recibidos por la sociedad por vía bancaria "como una transferencia totalmente normal". En este punto, añadió que existían "muchísimos" elementos a favor de la inversión.

Dijo que se trata de un caso "estándar" de una inversión de un cliente extranjero y defendió que "se ha cumplido fielmente con lo que es normal". "Todas las inversiones han venido por transferencias bancarias, en todos los casos el banco nos ha informado y teníamos antecedentes de que el cliente disponía de fondos y la suficiente capacidad financiera para esas transferencias", indicó.

"No teníamos ninguna otra referencia por parte del cliente para pensar que hubiese alguna irregularidad en esta operación", manifestó el letrado, quien, por contra, insistió en que existía "documentación fehaciente y comúnmente aceptada por el sistema bancario español" de la solvencia económica del cliente. Además, añadió que la información fue "aceptada por la banca".

Explicó, a preguntas de su defensa, que los dos clientes acusados eran "como otros" y precisó que fueron otras empleadas del bufete las que se encargaron de las operaciones, de las que tiene conocimiento por haber revisado la causa. Reiteró, como ya hiciera en su primera declaración, que se identificó al cliente y que el despacho no intervino en la decisión sobre la inversión a realizar.

Para el fiscal, según las autoridades inglesas, en 2001, el matrimonio ofreció en el mercado la venta de circuitos Eprom poniendo como condición el pago por adelantado, por lo que obtuvo de 11 adquirientes unos 227.408 euros, aunque la empresa "no suministró material alguno". Según la investigación, esos fondos se transfieren a la cuenta de una empresa creada por Del Valle.