En declaraciones a los medios, durante la rueda de prensa que ofreció para presentar la Memoria de la Fiscalía de Toledo del año 2009, Polo aclaró que con esto no quiere decir que "sea ilegal" la existencia de la acusación popular, sino que, en el caso de Castilla-La Mancha, "no creo que el Ministerio Fiscal defienda un interés muy diferente del que defienda la Junta" de Comunidades, cuando decide ejercer la acusación popular.

Con ello, indicó, "no quiero decir que se tenga que suprimir" esa representación legal sino que se debe "analizar si la utilización de mecanismos de la administración, funcionarios y recursos públicos, para este tipo de acusaciones coetáneas o coexistentes, tiene justificación" pues "dudo mucho de que el resultado que se obtenga sea muy diferente", advirtió.

"No digo que sea incorrecto, no digo que sea ilegal, pero me parece que no está claro que una actuación a instancias de acusación popular se lleve a cabo por una administración pública", bien sea la Junta o un ayuntamiento, subrayó el fiscal jefe.

Preguntado por los costes que acarrea a las arcas públicas la representación de la Administración regional —que suele ejercer la acusación particular "siempre" en asuntos de violencia de género cuando el resultado es de homicidio y asesinato— Polo, que dijo desconocer la cuantía, sí destacó que "si no es necesaria, aunque costase un euro sería cara".

En cualquier caso, insistió en que su reflexión, que no ha expresado personalmente a la Junta de Comunidades pues "no soy quien" y porque el Gobierno regional tiene "sus servicios jurídicos y sus leyes perfectamente legítimas", pretende ser solamente una cuestión "de conveniencia, idoneidad y eficacia", convencido de que "debería reconducirse el ámbito de la acusación popular a situaciones de verdadero interés individual o colectivo".