El portavoz de Urbanismo del PPdeG, Román Rodríguez, anunció hoy que su grupo rechazará una moción impulsada por el PSdeG para reforzar el papel de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) tras constatar que "es un anzuelo" para hablar de otras cuestiones y hacer creer a la opinión pública que su partido es "indigno y corrupto".

Tras estas palabras, un sonoro "sí" del diputado del BNG Bieito Lobeira hizo estallar en aplausos a socialistas y nacionalistas durante el debate de una moción que se votará mañana. Frente a esto, Rodríguez subrayó que si bien hay personas corruptas en su formación, el PSOE "tampoco es un partido inmaculado".

Dicho esto, criticó que los socialistas utilicen el caso de Gondomar (Pontevedra), donde el ex alcalde (PP) fue condenado por prevaricación y falsedad documental, para "atacar con munición de calibre grueso, de la de ir al jabalí" al presidente de la Xunta y al dirigente de la Diputación de Pontevedra, Alberto Núñez Feijóo y Rafael Louzán, respectivamente.

Esta afirmación no fue compartida por la impulsora de la moción, la diputada del PSdeG Mar Barcón, quien estableció en este caso "una relación entre lo peor del urbanismo con lo peor de la política". Así, consideró "ejemplarizante" la sentencia contra "unos desalmados" que "no defienden a los ciudadanos, sino el interés oscuro de unos pocos".

"Son delincuentes metidos a políticos de segunda fila y consagrados por Louzán como cargos de confianza", prosiguió Barcón, para quien se trata de "miserables" que llevaron a cabo una moción de censura para "dar la vuelta a la voluntad ciudadana". "Se convirtieron en un triste sinónimo de la corrupción, el dinero negro, la desvergüenza, la compra de miserias humanas y la venta de voluntades manchadas de avaricia", sentenció.

Licencia para "una vivienda"

En todo caso, el parlamentario popular remarcó que el ex regidor de Gondomar fue condenado por conceder licencia para "una vivienda" en suelo rústico, mientras que sobre el alcalde de Viveiro (Lugo), Melchor Roel (PSOE), pende la sospecha por "678 viviendas y un hotel".

De vuelta al caso Gondomar, subrayó que "la corrupción es cosa de personas y no de partidos" y llamó la atención sobre que "los miserables" que se vendieron para que el PP sacara adelante la moción de censura "habían ido en las listas del PSOE" y formuló la pregunta de si "es peor el que compra voluntades o el que se vende".

En su turno de réplica, Mar Barcón relató la lista de acusaciones que pesan sobre el ex regidor y sobre el resto de la corporación local y, tras aceptar que "los miserables" formaron parte del PSOE, recordó que su partido los llevó a la Mesa del Pacto Antitransfuguismo y el PP rechazó calificarlos para "seguir gobernando" en esta localidad.

Por su parte, la representante del Grupo Parlamentario del BNG en el debate, Teresa Táboas, lamentó que las licencias para construcción hayan servido en este municipio pontevedrés como "fuente de financiación ilegal" para sufragar una moción de censura contra un alcalde de su formación y concluyó que así es "como concibe el urbanismo el PP".

Refuerzo de la aplu

Al margen del caso Gondomar, la parlamentaria socialista incidió en la necesidad de "recuperar la senda" de la defensa del territorio y subrayó que la Xunta tiene un instrumento "espléndido" y "capacidades legales y materiales" para "velar por la legalidad urbanística".

"Lo que no sabemos es si tiene voluntad", concluyó, tras remarcar las diferencias entre "la izquierda y la derecha", es decir, entre "los que hicieron de la defensa del territorio y la legalidad una prioridad de gobierno" y "los que llevan un año desmantelando todos los esfuerzos dirigidos a poner coto a los desmanes urbanísticos".

A ella se sumó la ex conselleira de Vivenda, para quien el caso de Gondomar "hace más necesario que nunca establecer mecanismos de control y vigilancia". Entre otras propuestas para que la APLU realice un informe anual y colabore con la Fiscalía, reclamó que los estatutos de esta agencia y su dirección —modificados desde la llegada del PP a la Xunta— sean consensuados entre las tres fuerzas políticas con representación en el arco parlamentario gallego.

No obstante, Román Rodríguez se mostró contrario a apoyar estas propuestas dado que, a su juicio, a la oposición "no le preocupa" la APLU sino sacar a colación lo ocurrido en Gondomar. "Rechazamos la moción por su enorme hipocresía y porque todo lo que piden, prácticamente, ya se está haciendo", alegó el popular.

Plan de minería

Por otra parte, entre las mociones cuyo debate se sustanció hoy pero que no se votarán hasta mañana, está la impulsada por el portavoz del BNG en materia de industria, Henrique Viéitez, quien recordó que algunas de las empresas que recibieron subvenciones dentro del plan de la minería no cumplieron su compromiso de crear empleos para recolocar a los trabajadores de las minas.

En este escenario, el nacionalista reclamó al Gobierno gallego que "dé cuenta" de si revisó las actuaciones de estas compañías y explique qué hará para "materializar" estos proyectos.

"Está en juego que 350 trabajadores sean recolocados", avisó Viéitez. En el mismo sentido, la representante del PSdeG, Carmen Acuña, afirmó que el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, "poco puede hablar de lo que hace porque hace poco" y llamó a mantener el compromiso con las comarcas mineras y a apostar por las empresas que tengan proyectos para esas zonas.

En representación del PPdeG, Pedro Arias criticó que, pese a que el fin de la actividad en la mina de Cerceda se produjo durante la pasada legislatura y había un plan dotado con 75 millones de euros, "en la práctica" el bipartito puso 350.000 euros y el Estado "no hace nada".

Además, el diputado del PSdeG José Tomé Roca defendió otra moción en la que los socialistas reclaman que se haga un reparto "equilibrado" de los fondos de los programas de cooperación, haciendo que el número de parados en cada ayuntamiento pondere un 90 por ciento.