El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, recibió en 2009 un total de 1.101 quejas procedentes de Galicia, lo que la convierte en la sexta Comunidad española en número de protestas a este organismo, detrás de Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia y Castilla y León.

Así lo evidencia la memoria presentada hoy a los presidentes del Congreso y el Senado, José Bono y Javier Rojo, respectivamente, por parte del Defensor del Pueblo, en la que se establece que Galicia generó el pasado año el 5,08 por ciento de las 18.392 quejas que recibió este organismo.

En concreto, A Coruña fue la que generó un mayor número de quejas, 550; seguida de Pontevedra, con 332; Lugo, con 138; y Ourense, con 81. Asimismo, estas cifras suponen un descenso frente a las 1.881 quejas que Galicia generó para el Defensor del Pueblo en 2008.

Del total de expedientes gallegos remitidos en 2009, el Defensor del Pueblo mantiene en trámite 23 y ha concluido 16, mientras que no ha suspendido ninguno. De los expedientes concluidos, se han subsanado siete, mientras que en tres casos la actuación fue correcta, en dos no se subsanó y cuatro permanecen sin determinar.

Datos nacionales

El Defensor del Pueblo recibió en 2009 un total de 18.392 individuales, lo que supone la cifra más alta de su historia, aunque en el cómputo global —individuales y colectivas—, descendieron levemente hasta las 22.287, según se desprende del Informe Anual del Defensor del Pueblo 2009. Enrique Múgica ha presentado este martes la memoria a los presidentes del Congreso y el Senado, José Bono y Javier Rojo, respectivamente.

Según se explica en las conclusiones del estudio, la importancia de las quejas individuales radica en que "son siempre el indicador principal de la actividad desplegada por la institución, con respecto a la atención a los ciudadanos".

En las investigaciones iniciadas de oficio por del Defensor del Pueblo también se alcanzó la mayor cifra registrada en todos los ejercicios de actividad institucional, un total de 269. Según se apunta en el informe, este dato refleja "el creciente interés de la institución por mantener una actitud de alerta ante el conocimiento de circunstancias que pueden resultar indiciarias de conductas administrativas irregulares, promoviendo una rápida respuesta institucional".

Con respecto a las quejas colectivas, es decir, aquellas cuyo estudio e investigación está motivado por las expresiones de interés de muchos ciudadanos sobre una determinada actividad administrativa que juzgan inadecuada, se iniciaron un total de 3.626 expedientes nuevos, un 53,76 por ciento menores que el año anterior.

El mayor número de quejas fue remitido desde las comunidades autónomas más pobladas, aunque en primer lugar destaca la Comunidad de Madrid, con más de 5.000. Le siguen Cataluña, Andalucía, Valencia, Castilla y León y Galicia. Asimismo, también se recibieron quejas del extranjero, aunque sólo de manera excepcional.

La economía,

El asunto que más quejas genera

Por sectores, destaca el número de quejas que plantean disfunciones en materia económica (6.220), que abarca cuestiones como los impuestos y tributos, las telecomunicaciones, la ordenación económica y financiera general, o las infraestructuras y los transportes.

También destaca, respecto a 2009, el número de quejas relativas a los asuntos de política social y sanidad (3.167) y la función y empleo público (2.554). La Administración de Justicia y violencia doméstica (2.450) o las quejas sobre urbanismo y vivienda (2.395) han sido objeto igualmente de un número muy importante de quejas, especialmente de las de carácter individual, como también lo han seguido siendo las referidas a las dificultades en la gestión de asuntos migratorios (1.512).

En cuanto a la admisión de quejas, en 2008 se aceptaron un 38 por ciento frente al 52 por ciento que no fueron admitidas. Sobre el restante 10 por ciento aún no se había tomado una decisión a 31 de diciembre de 2009 por insuficiencia de los datos facilitados por el interesado por encontrase el expediente en fase de estudio.

Finalmente, el Defensor del Pueblo valora el porcentaje de aceptación de los poderes públicos referido a las recomendaciones y sugerencias de los años 2007 y 2008, que alcanza, a 31 de diciembre de 2009, un 75,6 por ciento y un 60,2 por ciento respectivamente. "Estos valores muestran una respuesta positiva de las diferentes", apunta la memoria.